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Oposición parlamentaria a la planta embotelladora de agua mineral en Quintana y Congosto

La autorización de la Junta para extraer agua mineral del sondeo Jamuz llegará a las Cortes tras registrarse cerca de 800 alegaciones en contra. La iniciativa cuestiona el impacto hídrico y ambiental de un proyecto que prevé la extracción de 500.000 metros cúbicos anuales.

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AGUA MINERAL
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El conflicto administrativo por la explotación de agua mineral natural en el municipio de Quintana y Congosto entra en una nueva fase política. Una vez se constituyan las Cortes de Castilla y León, se registrarán diversas iniciativas parlamentarias para analizar los efectos de la planta autorizada a la sociedad Sierra de Lobos SL. El proyecto ha generado un notable rechazo entre plataformas vecinales, particulares y colectivos ecologistas, quienes presentaron alrededor de 800 alegaciones durante el proceso administrativo iniciado en el año 2021.

La planta tiene permiso para extraer hasta 500.000 metros cúbicos de agua al año, un volumen que equivale al consumo doméstico anual de más de 10.000 personas. Esta cifra supone un consumo diario de aproximadamente 1,37 millones de litros, lo que ha despertado alarmas sobre la posible reducción de los recursos hídricos en la comarca. Los detractores del proyecto advierten que esta extracción masiva podría comprometer el abastecimiento de agua para la población y perjudicar directamente a los sectores agrícola y ganadero, motores económicos fundamentales de la zona rural.

La preocupación se agrava por el contexto geográfico y ambiental de Quintana y Congosto. El municipio sufrió de manera severa los incendios forestales del pasado verano, una circunstancia que incrementa la vulnerabilidad de sus acuíferos. En este sentido, la fiscalización parlamentaria exigirá a la Junta de Castilla y León informes detallados sobre la compatibilidad de la explotación con el plan hidrológico vigente y la afección ambiental real sobre el terreno, que abarca miles de hectáreas y limita el uso de fincas de propiedad privada.
El debate en las Cortes se centrará en la necesidad de vigilar que la actividad industrial no suponga un perjuicio irreversible para el medio de vida de los residentes. Ante el descontento social manifestado, se demandará a la administración autonómica un seguimiento estricto para evitar que la planta embotelladora contribuya a la despoblación de la zona mediante la degradación de un recurso esencial como es el agua.

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