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La situación afecta principalmente a ayudantes técnicos educativos y maestros, quienes se enfrentan a un patrón de violencia sistemática por parte de alumnado con patologías específicas. Los incidentes recientes incluyen agresiones de gravedad, como la sufrida por una técnica a manos de un alumno de más de 80 kilos, que le ha causado lesiones de espalda, ansiedad y necesidad de apoyo psicológico. Otros casos registrados describen fracturas óseas sufridas por el personal docente durante el desempeño de sus funciones.
La ausencia de medidas efectivas ha derivado en un desánimo generalizado entre la plantilla, lo que provoca que numerosos incidentes no lleguen a registrarse oficialmente. Ante este escenario, se ha solicitado una evaluación inmediata de los riesgos físicos y psicosociales en las instalaciones, además de la implantación de protocolos que incluyan el aviso sistemático a tutores y la comunicación con los servicios de emergencia en situaciones de peligro inminente.
Entre las demandas principales destaca la incorporación de personal con competencias específicas en seguridad y recursos adecuados para intervenir en momentos críticos. También se reclama un refuerzo del apoyo educativo especializado, orientado sobre todo al alumnado que presenta patologías de riesgo, con el fin de reducir la frecuencia de estos episodios y garantizar la integridad de todos los miembros del centro.
El personal afectado requiere asistencia médica, fisioterapéutica y psicológica de forma inmediata. A esto se suma la petición de un trato adecuado por parte de las mutuas de accidentes de trabajo y la creación de un registro obligatorio de todas las agresiones detectadas. Estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y evitar daños que puedan derivar en incapacidades temporales o permanentes para los profesionales.
La falta de actuación administrativa se considera un factor que agrava el riesgo extremo para la salud física y mental de los empleados. En este sentido, se ha advertido de que, de no producirse mejoras en la seguridad del centro y en la gestión de los riesgos laborales, se procederá a tomar las acciones legales y administrativas necesarias para garantizar la protección de la plantilla.
