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La sentencia, procedente del juzgado de lo Social número 1 del Tribunal de Instancia de León, desestima la demanda interpuesta por la propia empresa sancionada. Esta compañía había solicitado que se declarara no ajustada a derecho la resolución administrativa inicial, argumentando contra los cargos presentados. Sin embargo, el fallo judicial declara que la actuación de la administración fue correcta y ajustada a la legalidad vigente.
El origen de la sanción se remonta a las infracciones detectadas por la Inspección de Trabajo, que identificó a cinco ciudadanos brasileños trabajando para la firma portuguesa en sus instalaciones ponferradinas. Estos trabajadores carecían de los visados y permisos necesarios para ejercer actividad laboral en territorio español. Este hecho fue calificado como cinco infracciones muy graves en materia de extranjería.
La Subdelegación del Gobierno en León, basándose en la documentación de la Inspección, procedió a imponer la multa acumulada de 50.000 euros. La empresa, disconforme con esta decisión, optó por la vía judicial para tratar de anularla, sin éxito en esta primera instancia.
A pesar de la ratificación judicial en León, la sentencia no es firme. Contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, cuya sede se encuentra en Valladolid. Este paso permitiría a la compañía portuguesa una última instancia de revisión antes de que la sanción adquiera carácter definitivo. La decisión judicial actual subraya la importancia de cumplir estrictamente con la normativa laboral y de extranjería para evitar penalizaciones económicas significativas.
