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La asamblea general ordinaria celebrada en León ha servido para analizar la brecha en la generación de empleo que sufren estas comarcas respecto al resto de la comunidad autónoma. Los responsables municipales coinciden en que la viabilidad de los pueblos depende de su capacidad para atraer capital privado, algo que hasta el momento no se ha logrado de forma suficiente. La estrategia actual se centra en solicitar a la administración autonómica y estatal la creación de convenios específicos que resulten atractivos para el empresariado, superando el modelo de ayudas destinado únicamente a proyectos urbanísticos o de mantenimiento de servicios.
El diagnóstico técnico señala que la iniciativa pública ha logrado sostener prestaciones dignas mediante acuerdos con el servicio de empleo, y que el sector turístico presenta un funcionamiento adecuado. Sin embargo, el desarrollo industrial se ve lastrado por las dificultades de acceso y las comunicaciones complejas propias de las zonas de montaña. Estos factores geográficos encarecen el transporte de materias primas y la exportación de productos, lo que sitúa a las empresas en una posición de desventaja competitiva si no cuentan con incentivos adicionales que compensen los costes logísticos.
La propuesta de los alcaldes pasa por reorientar las subvenciones para que funcionen como un reclamo directo para la inversión productiva. La falta de relevo tras el cierre de la minería del carbón ha dejado a los municipios en una situación de vulnerabilidad que, de no corregirse con la creación de programas de empleo específicos, podría derivar en nuevas movilizaciones sociales. La intención es trabajar con expertos para diseñar planes de dinamización que incidan directamente en la creación de puestos de trabajo estables.
Además del componente puramente económico, las cuencas mineras enfrentan el reto de ofrecer servicios sociales de calidad, como centros educativos y prestaciones sanitarias, que fijen población trabajadora. Las empresas demandan entornos donde sus empleados dispongan de recursos adecuados para la vida familiar, un factor determinante a la hora de decidir la ubicación de nuevos proyectos. La colaboración entre las distintas administraciones se presenta como el único camino para garantizar que estas comarcas vuelvan a ser competitivas en el mercado global.
