
Ponferrada declara el estado de emergencia por la falta de agua potable en cuatro localidades

La alcaldía de Ponferrada ha convocado de urgencia al Centro de Coordinación Operativo (CECOP) para declarar el estado de emergencia en grado 1. Esta medida responde a la destrucción de la estación de captación de agua de Santa Lucía de Valdueza, provocada por los arrastres de una ladera tras meses de intensas lluvias. Como consecuencia directa, las poblaciones de Toral de Merayo, Ozuela, Orbanajo y Rimor han perdido el acceso al suministro de agua potable.
Para gestionar la crisis, se ha constituido un equipo de intervención multidisciplinar bajo la dirección del regidor. En este dispositivo participan efectivos de la Policía Municipal, Policía Nacional y Guardia Civil, junto a miembros del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y Protección Civil. También se han integrado responsables de las áreas municipales de Fomento, Medio Ambiente, Bienestar Social y Medio Rural, así como técnicos de la empresa concesionaria del servicio de agua.
El plan de actuación prevé restablecer el suministro de agua no potable durante este martes 17 de febrero. No obstante, este recurso solo podrá utilizarse para fines distintos al consumo humano. Mientras persista la emergencia, el Consistorio ha prohibido el consumo de agua del grifo en las zonas afectadas y garantizará el abastecimiento de agua potable mediante el reparto de botellas y la movilización de camiones cisterna de la Diputación Provincial.
Las previsiones técnicas sugieren que la reparación de la estación de captación podría demorarse de forma considerable. La duración de los trabajos dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y de la estabilidad del terreno afectado por los desprendimientos. El Ayuntamiento mantendrá canales de información activos para comunicar los horarios de distribución de agua y la evolución de los trabajos de reparación.
En el ámbito institucional, la administración municipal cuenta con la coordinación de la Junta de Castilla y León, la Diputación de León y la Subdelegación del Gobierno para paliar los efectos de esta avería estructural en el medio rural ponferradino.



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