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En CIUDEN, el PP ha colocado el listón alto: explicaciones, depuración de responsabilidades y transparencia como exigencia inmediata. El mensaje es simple: cuando existen dudas relevantes sobre la gestión de fondos y procedimientos, el control político debe ser visible y no dilatarse.
En Boñar, el foco es municipal y el material de partida es administrativo. En el pleno extraordinario celebrado en diciembre, la Corporación aprobó el levantamiento de reparos formulados por la Secretaría para poder ordenar pagos pendientes. En esa misma documentación quedó reflejado un dato concreto, con peso propio: una diferencia negativa superior a 33.000 euros en una partida presupuestaria. Es un indicador claro de desajuste. Lo que no consta, hasta ahora, es una explicación pública detallada que permita entender de dónde procede esa cifra, qué decisiones la han provocado y qué medidas se han adoptado para corregirla y evitar su repetición.
A partir de ese pleno, se añade otro elemento clave en términos de control democrático: la falta de contestación del Ayuntamiento a solicitudes formales de información pública vinculadas a la gestión económica de determinados eventos municipales y a la trazabilidad de ingresos asociados. Las peticiones, registradas por los cauces previstos, no han sido respondidas en plazo, lo que ha activado el canal de la Comisión de Transparencia para forzar una respuesta administrativa.
La ausencia de respuesta no es un matiz burocrático. Impide acceder a información básica para reconstruir la trazabilidad del dinero: si determinadas recaudaciones se realizaron con cobertura administrativa suficiente, bajo qué procedimientos, quién asumió su gestión y cómo se integraron esos ingresos en la contabilidad municipal. No se trata de anticipar conclusiones ni de atribuir delitos, sino de subrayar que, sin documentación y sin explicaciones oficiales, las dudas razonables no se despejan.
El contraste político vuelve a quedar en primer plano. Mientras en CIUDEN el PP provincial ha actuado con rapidez y contundencia, en Boñar no ha impulsado un debate público equivalente ni ha exigido con la misma intensidad aclaraciones tras el levantamiento de reparos, el reconocimiento de desajustes y el silencio ante solicitudes de información. Esa diferencia plantea una pregunta de coherencia: qué estándar aplica el PP cuando los hechos ocurren en una fundación pública y cuál cuando los hechos, con dimensión económica, se producen en un ayuntamiento donde tiene representación.
La celebración esta semana de un nuevo pleno municipal sin que se aportaran explicaciones sobre estos extremos refuerza la sensación de normalización del silencio. Como si el asunto estuviera cerrado por agotamiento. Como si la ciudadanía no tuviera derecho a saber qué ocurrió, qué se hizo para corregirlo y por qué no se atienden solicitudes de información tramitadas formalmente.
Las preguntas, en realidad, son pocas y muy concretas, pero pesan. De dónde procede exactamente el agujero de 33.000 euros reflejado en la documentación municipal. Qué decisiones lo causaron. Qué controles fallaron. Qué responsables administrativos y políticos lo conocieron y en qué momento. Por qué el Ayuntamiento no responde en plazo a peticiones formales que buscan aclarar la trazabilidad de determinados ingresos. Y, sobre todo, por qué en Boñar se mantiene el silencio cuando en otros casos, con la misma palabra “responsabilidades” en la boca, se exige actuar de inmediato.
La transparencia no se acredita con comunicados ni con gestos. Se acredita con respuestas verificables y documentación. En Boñar, a día de hoy, lo que falta es exactamente eso.
