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La cita se desarrolló con el objetivo de abrir un espacio de trabajo común sobre la convivencia en las aulas y la construcción de entornos educativos más seguros y respetuosos. La jornada reunió a profesorado de distintos niveles y equipos vinculados a la gestión de la convivencia, en un formato orientado al intercambio de medidas y a la reflexión práctica sobre situaciones que afectan a la vida diaria de los centros.
El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, y el alcalde de Astorga, José Luis Nieto, inauguraron la actividad. Durante la apertura se subrayó el papel de la convivencia como elemento central del proceso educativo y el esfuerzo que realizan los centros para anticiparse a los conflictos, mejorar el clima escolar y actuar ante los casos de maltrato entre iguales.
En el marco de la jornada se trasladaron datos del último informe del Observatorio de Convivencia Escolar. En el curso 2022-2023 se detectaron en Castilla y León 54 casos de acoso escolar y 35 de ciberacoso, cifras inferiores a las registradas el curso anterior y equivalentes a alrededor del 0,02 por ciento del total del alumnado. La lectura de estos datos se vinculó a un descenso en los casos confirmados y, a la vez, a la necesidad de mantener la vigilancia y la intervención educativa cuando aparecen señales de alerta.
La iniciativa puso el foco en la prevención, la detección temprana y la respuesta coordinada. Se abordó la importancia de contar con protocolos claros, reforzar la implicación del alumnado y las familias, y favorecer la comunicación interna para que las situaciones de aislamiento, humillación o violencia no se cronifiquen. También se apuntó a la relevancia del entorno digital, donde las dinámicas de hostigamiento pueden prolongarse fuera del horario escolar y afectar al bienestar emocional del menor.
La III Jornada de Buenas Prácticas de Convivencia Escolar se planteó como un punto de encuentro para seguir consolidando una cultura de respeto en los centros de la provincia, con atención especial a la protección de los alumnos más vulnerables y a la construcción de comunidades educativas seguras.
