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Las preguntas plantean, en primer lugar, qué hará el Gobierno para garantizar la preservación, integridad y trazabilidad de la documentación contractual y de los pagos vinculados a los hechos investigados. También solicitan información sobre qué medidas se han adoptado desde el Ministerio para asegurar la confidencialidad de las denuncias, con el objetivo de prevenir represalias y proteger la colaboración con la Justicia.
El PP pregunta además si se han remitido actuaciones o documentación al Tribunal de Cuentas o a la Fiscalía, y si se han actualizado conclusiones de actuaciones internas relacionadas con este asunto. En ese bloque, los parlamentarios incluyen la petición de saber si se han reforzado medidas para evitar el fraccionamiento de contratos y limitar el uso de anticipos en el pago de contratos menores, una fórmula sobre la que también reclaman explicaciones.
El origen del caso se sitúa en una denuncia presentada en 2024 por un extrabajador de Ciuden. A partir de esa denuncia se abrieron diligencias judiciales para investigar supuestas irregularidades en contratos, y el PP plantea al Gobierno cuándo tuvo conocimiento la Administración Central de estos hechos y qué órgano interno los tramitó. La formación vincula la necesidad de respuesta a la obligación de controlar el uso de recursos públicos en una entidad con sede en Ponferrada y con actividad vinculada a programas de transición.
Una parte relevante de las preguntas se centra en el programa Dinamiz-ARTj, señalado como el ámbito en el que se concentrarían los contratos principalmente investigados. El PP solicita conocer los contratos y pagos realizados dentro de ese programa desde 2020, así como los controles aplicados y si se han identificado indicios de fraccionamiento en la contratación, tal y como se recoge en la denuncia.
En paralelo, los parlamentarios reclaman que se detallen los criterios que sigue Ciuden para la utilización de la fórmula de "anticipo a cuenta o de caja" en el pago de contratos menores, y si existen limitaciones específicas para asegurar la trazabilidad, fiscalización y control del gasto asociado.
Las preguntas incorporan, por último, una referencia al riesgo de eventuales reintegros de fondos europeos, dado que Ciuden gestiona cuantías vinculadas a programas Next Generation para la Transición Justa. El PP pide al Gobierno que aclare si considera que existe un riesgo de reintegros masivos ligado a la investigación en curso.
