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El llamamiento se dirige a actividades que operan de forma directa con el campo, tanto como proveedoras como clientes. Entre los destinatarios figuran almacenes de cereal y piensos, establecimientos de abonos y semillas, comunidades de regantes, cooperativas, talleres, concesionarios de maquinaria, tiendas de suministros y servicios profesionales ligados a la actividad agroganadera.
Las organizaciones convocantes plantean que la protesta busca visibilizar el peso económico del campo en la provincia y su efecto arrastre sobre la industria agroalimentaria y los servicios, especialmente en las cabeceras de comarca. En ese marco, argumentan que el sector agroganadero sostiene empleo y actividad en distintos eslabones de la cadena productiva, desde la compra de insumos hasta la inversión en equipamiento e infraestructuras.
En el comunicado conjunto se cuantifica ese impacto en dos magnitudes: el campo adquiere cada año insumos por un valor de 600 millones de euros y destina 130 millones a la amortización de maquinaria y naves agroganaderas. Las organizaciones consideran que esos volúmenes explican la interdependencia entre la producción primaria y las empresas que suministran bienes y servicios, y justifican que la protesta se plantee como una movilización compartida.
La convocatoria se acompaña de un listado de reivindicaciones centrado en ayudas de la PAC, reciprocidad en las relaciones comerciales, precios rentables para los productores y apoyos destinados a modernizar las estructuras agrarias y facilitar la incorporación de jóvenes al sector. El planteamiento incorpora la idea de que el resultado económico del campo condiciona de manera directa la facturación y el empleo en negocios del entorno rural y comarcal.
La movilización del 29 de enero en León se enmarca en una jornada de protestas previstas en distintas provincias, convocadas bajo unidad de acción por organizaciones profesionales agrarias reconocidas. En la provincia de León, la convocatoria está firmada por ASAJA, UCCL, UCALE-COAG y UGAL-UPA.
