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La sentencia, conocida en los últimos días y recurrible, estima la reclamación del viceinterventor por la demora en su toma de posesión y fija una indemnización de 10.000 euros por daños morales. Además, obliga al Ayuntamiento a otorgar al nombramiento carácter definitivo, un extremo que, según el anuncio realizado por el Grupo Municipal del Partido Popular, queda expresamente recogido en la parte dispositiva del fallo.
El pronunciamiento incorpora también el impacto económico asociado a la defensa letrada en los procedimientos derivados de este asunto. El PP cuantificó en 28.314 euros la factura del despacho jurídico que representa al Ayuntamiento en los litigios relacionados con la incorporación del funcionario. Con esa suma y la indemnización fijada por el juzgado, la formación situó el coste directo del caso en torno a 40.000 euros, a la espera de la evolución de los recursos.
El portavoz municipal del Partido Popular, David Fernández, vinculó esta resolución con otras sentencias desfavorables para el Ayuntamiento en materias recientes, como tasas y movilidad, y sostuvo que el fallo sobre el viceinterventor tiene una relevancia específica por centrarse en la gestión de personal. En sus valoraciones, el portavoz afirmó que el juez atribuye a la actuación municipal elementos de mala fe, desviación de poder y vulneración de derechos fundamentales, y que esas consideraciones explican la fijación de daños morales al afectado.
En la misma comparecencia, Fernández cuestionó la intención del equipo de Gobierno de recurrir la sentencia, al entender que prolongaría un litigio con consecuencias económicas para las arcas municipales. El PP anticipó que, si una eventual resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmara el fondo del asunto en favor del viceinterventor, reclamará responsabilidades políticas por la actuación seguida en este expediente.
La sentencia obliga, en todo caso, a regularizar la situación del viceinterventor con un nombramiento definitivo y fija una compensación por el periodo de bloqueo descrito en la resolución. El Ayuntamiento dispone de la vía de recurso prevista para este tipo de procedimientos.
