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La iniciativa parlamentaria plantea que la falta de planificación y de licitación del DAB+ mantiene el sistema estancado y deja territorios en desventaja tecnológica. En el diagnóstico, se subraya la existencia de zonas con cobertura deficiente y la pérdida de capilaridad que supuso la desaparición de emisiones en Onda Media, un soporte que durante décadas facilitó la recepción en áreas amplias y dispersas. Con ese punto de partida, la propuesta reclama un calendario público, el arranque de los multiplex previstos y la apertura de concursos para operadores.
Sin embargo, el texto no aborda por ahora el encaje de las radios municipales dentro del despliegue digital. Esa ausencia es relevante porque el DAB+ no solo es un cambio de tecnología, también es una oportunidad para ordenar quién puede prestar servicio y en qué condiciones. En la práctica, si la implantación se limita a concursos pensados para operadores privados, los ayuntamientos que quieran impulsar una emisora pública local se quedan sin una vía clara de acceso al sistema, más allá de iniciativas exclusivamente online o acuerdos puntuales con terceros.
El modelo municipal, cuando existe, suele orientarse a funciones de proximidad que la red comercial no cubre de forma estable: información de servicio, agenda local, avisos por incidencias, participación ciudadana y soporte en emergencias. También permite sostener proyectos culturales y educativos con continuidad, además de dar espacio a asociaciones y colectivos que no entran en las parrillas generalistas. En provincias con población dispersa, ese enfoque se vuelve operativo: una sola emisora local puede articular cobertura comarcal si tiene un marco técnico y jurídico definido.
La ausencia de este capítulo en la propuesta deja abierto un margen de mejora. Existen varias líneas que podrían incorporarse sin contradecir el objetivo principal: definir si habrá reserva de capacidad en los multiplex para servicios públicos locales, fijar requisitos mínimos y garantías de pluralidad, y diseñar un procedimiento de autorización distinto al concurso comercial, ligado a acuerdos plenarios, memorias de servicio y mecanismos de control.
La discusión sobre el DAB+ entra así en la fase política con un enfoque centrado en el despliegue y los concursos, pero sin concretar qué papel podrían tener los municipios en una futura red de radio digital de proximidad. Ese vacío condiciona el alcance real de cualquier estrategia para reducir las zonas sin cobertura y reforzar la comunicación local.
