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La situación se arrastra desde marzo del año pasado, fecha desde la que no existe un contrato actualizado que regule el servicio municipal de recogida de animales domésticos. En la práctica, la prestación sigue funcionando, aunque bajo un marco administrativo agotado que no incorpora nuevas necesidades ni ajustes económicos. Esta ausencia de cobertura contractual coincide con cambios normativos en materia de bienestar animal, lo que refuerza el debate sobre la adecuación del servicio a las obligaciones actuales.
Entre los efectos señalados figura el retraso en el pago de facturas a la entidad que presta apoyo en la recogida y atención de animales, una circunstancia que repercute en la sostenibilidad del servicio y en su capacidad para responder con agilidad a incidencias en la vía pública. También se ha puesto el foco en la falta de actualización de precios y recursos, en un contexto en el que aumentan las demandas de intervención y se requiere una respuesta coordinada con distintas áreas municipales.
Uno de los puntos que concentra mayor fricción es la actuación ante avisos relacionados con gatos en la calle. Se ha advertido de casos en los que, ante la presencia de un gato en la vía pública, la respuesta operativa ha sido negativa o no se ha activado intervención, pese a que la gestión de animales extraviados, abandonados o comunitarios exige protocolos claros. En este ámbito se reclama un procedimiento efectivo que permita la recogida cuando proceda, la atención veterinaria, la acogida temporal hasta localizar al propietario si existe, la adopción en supuestos de abandono y el retorno controlado en caso de colonias felinas.
La falta de una política municipal definida respecto a colonias felinas también aparece como un elemento central. En la actualidad, la atención y mantenimiento de estas colonias descansa en gran medida en voluntariado y asociaciones, que sostienen tareas de alimentación, control y seguimiento sin una estructura pública estable. Se pide que el Ayuntamiento articule medidas de organización, coordinación y dotación de medios, además de seguridad jurídica para quienes participan en estas labores.
La demanda principal pasa por activar de forma inmediata un proceso de licitación que permita regular el servicio con un contrato vigente, adaptado al marco legal actual y respaldado por un sistema de coordinación entre servicios municipales.
