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Santos sostuvo que la Junta y el Partido Popular han permitido que las empresas promotoras impulsen iniciativas sin exigencias suficientes, y pidió un refuerzo de la supervisión administrativa sobre este tipo de proyectos. En su intervención, vinculó la moción municipal al malestar expresado por las juntas vecinales y vecinos de las localidades del entorno, que han mostrado oposición a la instalación por su impacto potencial y por la percepción de falta de garantías.
El alcalde defendió que los ayuntamientos disponen de herramientas limitadas en estos procedimientos y señaló que la presión administrativa termina recayendo sobre la administración local, encargada de tramitar licencias de obra dentro de un marco reglado. En ese contexto, afirmó que se está trasladando a los consistorios el foco del conflicto, con advertencias sobre posibles consecuencias judiciales si no se conceden autorizaciones, una situación que, a su juicio, tensiona la convivencia y no facilita acuerdos.
En relación con la respuesta del Ayuntamiento, explicó que la moción plantea una modificación de las normas subsidiarias para incorporar criterios urbanísticos más restrictivos, como la distancia mínima entre instalaciones de este tipo y los núcleos habitados. En paralelo, insistió en la necesidad de una ordenación territorial previa que delimite dónde pueden ubicarse determinados proyectos energéticos para evitar una proliferación de iniciativas, en referencia a precedentes de implantación de eólicas y solares.
Santos pidió que la Junta asuma un papel más activo, tanto en el control técnico y ambiental como en la comunicación pública. En su planteamiento, una parte esencial del proceso pasa por explicar con claridad las condiciones, límites y supervisión de cada proyecto, con información accesible para los vecinos antes de que la tramitación avance a fases difíciles de revertir.
El alcalde enmarcó este debate en la experiencia reciente de la comarca, marcada por el cierre de la minería y una reindustrialización que considera fallida. En ese punto, afirmó que la implantación de nuevos proyectos no puede plantearse como una obligación para los territorios si no existe aceptación social y garantías percibidas como suficientes. La moción aprobada por el Pleno, defendió, busca precisamente ampliar la capacidad de control local y reclamar un marco autonómico más exigente.
