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La secretaria general de la CHD, Sofía Soto Santos, trasladó esta posición a los regantes encerrados en la sede del organismo en Valladolid y a los manifestantes concentrados en la calle Muro. Soto afirmó que la exención podría mantenerse "si se encuentra un instrumento jurídico o una solución" que garantice el cumplimiento estricto de la normativa, con el objetivo de consolidar un marco estable a futuro.
En el momento de las declaraciones, 29 regantes permanecían encerrados en las instalaciones de la Confederación a la espera de una reunión con la presidenta del organismo, María Jesús Lafuente, prevista a partir de las 18.00 horas tras un desplazamiento a Madrid para un encuentro en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con la directora general del Agua, María Dolores Pascual.
La CHD sostuvo que la exención se habría mantenido en el pasado mediante un instrumento jurídico que considera inadecuado, motivo por el que se trabaja para encajar una solución que preserve la situación histórica cumpliendo la legalidad. La aplicación estricta de la normativa implicaría que los regantes asuman los costes energéticos y de mantenimiento de la estación elevadora de Villalobar, una infraestructura clave para el regadío en León y Zamora.
Los agricultores cifran el impacto en un incremento superior al 170 por ciento. El presidente de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo, Herminio Medina, defendió que el acuerdo suscrito hace unas tres décadas con el Gobierno central garantizaba que no pagarían costes de luz, elevación ni mantenimiento, y aseguró que un cambio de escenario pondría en riesgo explotaciones, inversiones y el relevo generacional, con especial referencia a jóvenes vinculados al sector.
Medina recordó las inversiones realizadas en modernización del regadío y señaló una deuda de la comunidad de regantes de 60 millones de euros. También criticó la gestión vinculada a infraestructuras eléctricas asociadas al sistema de bombeo. Por su parte, Soto indicó que existen otras comunidades de regantes con tarifas similares o superiores y defendió la disposición del organismo a escuchar demandas y valorar alternativas dentro del marco legal.
