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En Boñar hay una diferencia que ya no se puede esconder bajo la alfombra: lo que se dice y lo que se documenta. El Ayuntamiento tiene facilidad para las palabras por lo volátiles que son, y en cambio, muestra resistencia cuando se le pide que ponga negro sobre blanco. Esa preferencia no es una manía. En administración pública, el papel y el registro son el suelo de la legalidad: fijan fechas, responsabilidades, decisiones y circuitos de control.
Este medio ha registrado el 3 de enero una solicitud formal de información dirigida al Ayuntamiento de Boñar. El objetivo es claro: obtener documentación que permita reconstruir, con trazabilidad, cómo se gestionan determinados aspectos económicos y administrativos en la práctica municipal. No se trata de una petición retórica ni de una discusión política. Es un requerimiento documental.
El calendario también importa. El Ayuntamiento dispone, como regla general, de un mes para resolver y responder por escrito, salvo que comunique una ampliación formal y motivada. Eso significa que el plazo ordinario vence el 3 de febrero. A partir de ese momento, si no hay contestación, el silencio deja de ser una simple ausencia y pasa a ser un hecho administrativo documentable, con consecuencias.
Este episodio no entra todavía en el contenido concreto de esa solicitud. Precisamente para hacerlo bien. Porque el orden correcto no es publicar primero y reclamar después, sino al revés: registrar, dejar vencer el plazo, conservar el resultado y, con ese soporte, elevarlo a las instituciones garantes de derechos. En Boñar, donde lo verbal se utiliza como vía de escape y el procedimiento se trata como un estorbo, ese método es la única forma de fijar responsabilidades sin margen para la evasión.
Mientras tanto, el patrón municipal sigue ofreciendo una imagen nítida: cuando la exigencia viene "desde arriba", aparecen movimientos para evitar quedar señalados. Cuando la solicitud llega desde la ciudadanía, proveedores o un medio local, la respuesta se diluye o se aplaza. Y esa diferencia, sostenida en el tiempo, no se explica por falta de medios. Se explica sin disimulo por voluntad política de los que no quieren dar explicaciones. Su interés siempre por delante y el pueblo al fondo y en silencio. Lo gestionan como un todo sin identidad, cuando en realidad, detrás siempre hay personas, vecinos con nombres, apellidos e inquietudes.
Se puede llamar como la fuerza de la costumbre. Se hace a base de potenciar una sumisión popular aprendida durante décadas en las que el silencio siempre fue la mejor herramienta del poder. En realidad, esto no es un capricho, lo certero es el sometimiento que le deben tanto a la ciudadanía, como al famoso imperio de la ley.
Extraño callejón en el que estas maneras de mandar se practican sin pudor y funcionan. Ahí se llega con la tranquilidad que provoca saber que los que están colocados en la oposición y que deben vigilancia, no la ejercieron, no la ejercen y tampoco se sospecha (ante la falta de indicios) que lo hagan próximamente.
Boñar no está discutiendo una noticia. Está discutiendo algo más básico: si acepta o no el control democrático que implica responder por escrito, con documentos, plazos y registro. Lo demás, al final, son frases que el viento se lleva y que les pone fácil conseguir que nadie hable de ello , olvidándolo después con esa frase tan repetida del: "BUENO, NO PASA NADA". Tal vez si, o tal vez no. De cualquier forma, estamos poniendo los medios para que pase.
El volumen de expedientes ajenos a la legalidad puede ser tremendo. El sistema (si se pone las pilas) también tiene sus herramientas para combatir estos escenarios y a los que se saltan las normas. Más allá de salir a la calle y pretender transmitir una ficticia tranquilidad, ellos y su almohada también lo saben.
El 3 de febrero se acaba el tiempo ordinario. Si hay respuesta, se analizará con papeles y fechas. Si no la hay, el silencio también se incorporará al expediente y se pondrá en conocimiento de instancias superiores para que actúe conforme a sus competencias.
En el siguiente episodio, el foco se estrecha: qué ha contestado el Ayuntamiento, o qué ha decidido no contestar, y qué significa eso cuando lo que se solicita es trazabilidad y explicaciones.
