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La secretaria general de UPL, Alicia Gallego, ha centrado su crítica en el criterio de distribución. Ha señalado que el debate no se limita al aumento global de fondos, sino a cómo se asignan, por su impacto directo en la prestación de servicios públicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales.
UPL ha subrayado que la Región Leonesa presenta condicionantes que incrementan el coste real de los servicios, como la dispersión territorial y el envejecimiento. En ese marco, ha reclamado una financiación ajustada a esas peculiaridades y ha advertido de que el principio de ordinalidad, si se aplica para beneficiar a territorios con mayor capacidad económica, dificultaría avanzar hacia una mayor cohesión y ampliaría los desequilibrios.
La formación regionalista ha vinculado esta advertencia a la evolución de las provincias de León, Zamora y Salamanca desde su integración en la comunidad autónoma en 1983. En su análisis, estas provincias han registrado la peor evolución socioeconómica dentro del conjunto autonómico, lo que refuerza su tesis de que el sistema actual no corrige la desigualdad territorial.
UPL sostiene además que el perjuicio es doble por la forma en la que se ejecuta el presupuesto autonómico. Asegura que el gasto tiende a concentrarse en las zonas donde se sitúan las principales sedes administrativas, todas ellas en Castilla, y que esa dinámica absorbe la mayor parte de la inversión no provincializada, con un efecto indirecto sobre la capacidad de inversión en la Región Leonesa.
En el plano de cifras, la formación ha apuntado que, dentro del incremento de 20.975 millones de euros que se plantea para el conjunto del sistema, la mejora prevista para Castilla y León sería del 2,8% (271 millones), frente a una media del 13,3% para el resto de comunidades. A su juicio, ese planteamiento situaría a la comunidad en peor posición que la actual.
UPL añade que, si se aplicaran los criterios del nuevo sistema a la Región Leonesa como unidad territorial diferenciada, la financiación resultante sería mayor por el hecho de ser comunidad autónoma, con un aumento que sitúa en torno a 300 millones de euros anuales. Dentro del marco de Castilla y León, estima que ese aumento se reduciría a unos 100 millones, lo que, en su argumentario, evidencia un diferencial negativo asociado a la falta de autonomía.
