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El grupo leonesista trasladó su malestar por el rechazo a una propuesta centrada en impulsar fórmulas de coordinación entre propietarios, con el objetivo de combatir el minifundismo y el abandono de fincas, factores que, a su juicio, agravan el riesgo de fuego y dificultan una gestión rentable del monte. Para UPL, el Ayuntamiento debería desempeñar un papel activo de asesoramiento y coordinación, especialmente en un año que consideran crítico para la siniestralidad por incendios.
El concejal Felipe Moreira Alonso calificó la negativa como una “irresponsabilidad política” y apuntó a que el gobierno local se ampara en “excusas técnicas” para no avanzar en medidas de apoyo a los propietarios. UPL plantea como ejemplo la posibilidad de articular una “Ventanilla Única Forestal” municipal y facilitar la adhesión a estructuras asociativas del sector, como vía práctica para ordenar parcelas dispersas y mejorar la prevención.
En el plano económico, la formación cuestiona el argumento de falta de recursos. UPL señala que el presupuesto municipal para 2026 asciende a 3.143.056,21 euros y que 1.056.806,62 euros corresponden a gastos corrientes en bienes y servicios, una partida que, sostienen, permitiría contratar asistencias técnicas o servicios de apoyo para tramitar y acompañar procesos de agrupación.
UPL también introduce un elemento normativo en su crítica. La formación afirma que la administración local no puede limitarse a derivar gestiones a vías informales y que debe implicarse en la promoción de fórmulas de agrupación de propietarios, citando la Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León, en concreto los artículos 102 a 104.
El comunicado enmarca la controversia en la necesidad de proteger el patrimonio natural y económico del municipio y en la búsqueda de alternativas de actividad en zonas con pasado minero.
