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El diputado de Derechos Sociales, Francisco Javier Álvarez, fue el encargado de inaugurar la jornada titulada “Derechos, recursos y coordinación frente a la violencia sexual: una respuesta desde la provincia de León”, organizada en colaboración con el grupo de trabajo del Consejo Provincial de la Mujer. En su intervención, subrayó que la guía se concibe como una herramienta para facilitar el acceso a información esencial, clarificar procedimientos y asegurar que ninguna víctima quede sin la ayuda que necesita.
La publicación recoge los principales derechos de las víctimas y los recursos disponibles en la provincia, con el objetivo de hacer más comprensible el itinerario de atención y acompañamiento. Se orienta tanto a las propias mujeres afectadas como a profesionales y agentes que puedan intervenir en la detección y derivación de casos, con especial atención a la coordinación entre servicios.
El diputado destacó que la finalidad de la iniciativa es reforzar la respuesta conjunta de todos los dispositivos implicados. Para ello, se insiste en la necesidad de un trabajo coordinado entre servicios sociales, sistema sanitario, administración de justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad, entidades especializadas y el ámbito municipal a través de los CEAS, de forma que la intervención sea rápida, empática y eficaz.
Junto a la guía, la Diputación ha presentado un mapa provincial de recursos que permite visualizar qué servicios existen, dónde se ubican y cómo se articulan entre sí. Este instrumento pretende facilitar la identificación de vías de apoyo y mejorar la derivación de las víctimas hacia los recursos más adecuados en cada situación.
La jornada se ha completado con una mesa de experiencias y protocolos en la que han participado profesionales de distintas áreas y con la simulación de un caso práctico que ha permitido analizar la cadena de atención, desde la detección inicial hasta la derivación a servicios especializados.
Con este trabajo, la Diputación de León reafirma su compromiso con la prevención, detección y atención de la violencia sexual, así como con la construcción de una red provincial sólida que actúe de forma unificada y sensible ante cualquier vulneración. El objetivo es que ninguna mujer víctima de violencia sexual se sienta sola ni desinformada y que la respuesta institucional se base en recursos suficientes, coordinación efectiva y una mirada centrada en las personas afectadas.
