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El equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo respondió este martes a las críticas de UGT por la ausencia prolongada de interventor municipal. La corporación negó cualquier dejación de funciones y reclamó al sindicato “prudencia y responsabilidad” para evitar generar alarma entre la plantilla y la ciudadanía. La situación afecta al consistorio desde octubre de 2024, cuando quedó vacante la plaza de interventor titular.
El gobierno municipal sostiene que desde hace meses mantiene en marcha todos los trámites necesarios para disponer de un interventor. Subraya que la competencia para el nombramiento corresponde exclusivamente a la Junta de Castilla y León, por lo que descarta que exista paralización por parte del Ayuntamiento. Añade que el funcionamiento interno se está realizando dentro de las capacidades disponibles, con medidas para asegurar la continuidad de los procedimientos esenciales.
Uno de los puntos señalados por UGT es el retraso en la elaboración de las nóminas. El Ayuntamiento explica que la del mes de noviembre quedó cerrada el pasado jueves y recuerda que la orden del concejal responsable establece que debe finalizarse el día 15 de cada mes. Atribuye esta demora puntual a la carga de trabajo y a la complejidad añadida de aplicar en un solo mes todas las subidas salariales pendientes. La corporación afirma que fue el propio sindicato quien insistió en que las actualizaciones se aplicaran en bloque y no de forma escalonada, motivo por el que acusa a UGT de “doble rasero”.
En el ámbito organizativo, el equipo de gobierno remarca que no se ha dejado de trabajar para garantizar la actividad administrativa diaria. Indica que se han impulsado los expedientes, requerimientos y comunicaciones necesarias para evitar que la ausencia de interventor afecte a los servicios públicos o al pago de las nóminas. Insiste en que la plantilla tiene asegurado el cobro y que los departamentos continúan operativos.
La corporación también rechaza que exista un bloqueo generalizado en la gestión municipal. A su juicio, la situación es compleja, pero está siendo atendida con los medios disponibles mientras se completa el proceso para cubrir la plaza. Añade que la difusión pública de mensajes “alarmistas” puede perjudicar la percepción del municipio y la confianza en sus instituciones.
Aún no ha trascendido cuándo se producirá el nombramiento definitivo del interventor que ocupará la plaza vacante.
