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Ecologistas en Acción recurre ante el TSJ la concesión de agua al proyecto industrial La Robla Green

Ecologistas en Acción de la provincia de León presentó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para intentar anular la concesión de 6 hectómetros cúbicos anuales de agua del río Bernesga otorgada al proyecto industrial La Robla Green. La autorización fue emitida por la Confederación Hidrográfica del Duero y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 18 de marzo de 2025.

Montaña Leonesa26 de noviembre de 2025RMLRML
LA ROBLA GREEN
LA ROBLA GREEN

La organización ecologista solicita la nulidad de la concesión al considerar que no se han evaluado adecuadamente los efectos que la extracción de caudales puede generar sobre el tramo del Bernesga incluido en la Red Natura 2000. La captación se ubica junto a la Zona Especial de Conservación Ribera del Esla y Afluentes, área en la que el grupo advierte de posibles impactos durante los meses de menor caudal. También cuestiona la ausencia de análisis sobre la repercusión en los usos consolidados aguas abajo.

El recurso llega después de que la asociación recibiera en septiembre la desestimación del recurso de reposición interpuesto en abril contra la decisión de la CHD. La entidad sostiene que la concesión equivale al consumo anual aproximado de una población de 60.000 habitantes y que no se ha examinado de forma suficiente la compatibilidad de esa extracción con la conservación de los valores naturales presentes en la zona protegida.

El proyecto La Robla Green, pendiente aún de financiación europea, contempla cuatro instalaciones: una central termoeléctrica de biomasa, una planta de captación de dióxido de carbono y dos fábricas destinadas a la producción de hidrógeno y metanol. El complejo se proyecta en la vega del Bernesga, junto al área protegida, por lo que la asociación insiste en la necesidad de extremar las cautelas en un contexto de escasez hídrica y variabilidad climática.

Ecologistas en Acción sostiene que las administraciones deben priorizar la garantía de los usos actuales del agua frente a nuevas demandas industriales. En su argumentación, subraya que la lucha contra los efectos del cambio climático requiere decisiones coherentes con la conservación de los recursos y no actuaciones que, a su juicio, pueden agravar problemas como la reducción de caudales o la degradación de ecosistemas.

El colectivo recuerda además que permanece sin respuesta una pregunta parlamentaria formulada en el Congreso por la diputada Ione Belarra sobre la disposición del Gobierno a revisar o revocar la concesión concedida al proyecto La Robla Green. 

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