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La organización agraria ASAJA León expresó su valoración positiva del programa estatal. Destaca los importes concedidos y el procedimiento adoptado para la tramitación, que amplía el número de beneficiarios respecto a otras convocatorias. Las ayudas se gestionan a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y nacen con el objetivo de cubrir daños y pérdidas derivadas de los grandes incendios registrados durante el verano. El pago está previsto para la semana posterior a la publicación de la resolución.
Los importes establecidos varían en función del tipo de explotación y del grado de afección. El mínimo asciende a 1.500 euros y el máximo a 16.000 euros. Se contempla un apoyo superior para los profesionales que tenían contratado un seguro agrario o ganadero, ya que este instrumento permite evaluar con mayor precisión los daños declarados. Aunque ASAJA valora de forma favorable la decisión, la organización apunta que el plan estatal no distingue entre agricultores y ganaderos profesionales y otros perceptores, un aspecto que considera mejorable.
El alcance de la medida estatal supera al de las ayudas convocadas previamente por la Junta de Castilla y León. En este caso, ASAJA señala que la convocatoria autonómica ya está resuelta y pagada de manera general, pero generó múltiples recursos de reposición en la provincia de León. La organización afirma que algunas de estas reclamaciones continúan en trámite y podrían demorarse años, dado que no se aprecia intención administrativa de resolverlas a corto plazo.
El contraste entre ambos procedimientos lleva a ASAJA a anticipar que los recursos de reposición contra la resolución estatal serán escasos. En cambio, en los expedientes autonómicos, la organización anuncia que acudirá al Juzgado Contencioso Administrativo en defensa de sus asociados cuando existan denegaciones o situaciones de silencio administrativo.
La organización recuerda que León fue la provincia más afectada de España por los incendios forestales del último verano. El impacto sobre explotaciones agrarias y ganaderas ha sido significativo y las ayudas públicas se consideran esenciales para garantizar la continuidad de las actividades en zonas especialmente vulnerables al abandono rural.
