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El coste energético es, actualmente, el componente que más peso tiene en los sistemas de riego modernizados a la demanda. La mayoría de las comunidades de regantes requieren electricidad para accionar las motobombas que garantizan la presión necesaria en la red. Este gasto, repercutido de forma directa sobre la superficie regada, se sitúa este año entre 120 y 180 euros por hectárea.
Los agricultores explican que la subida resulta especialmente difícil de asumir en un contexto de márgenes muy ajustados en cultivos mayoritarios como el maíz y la remolacha, donde en numerosos casos se vende por debajo de costes.
ASAJA subraya que el encarecimiento eléctrico incorpora un componente político relevante dentro de su estructura tarifaria, lo que coloca a las explotaciones agroganaderas en una situación de vulnerabilidad al no poder trasladar estos incrementos al precio de venta de sus productos. Por este motivo, la organización plantea la supresión de todos los impuestos asociados al recibo eléctrico en la actividad agraria como medida urgente para aliviar la presión sobre los productores.
Las comunidades de regantes han comenzado a apostar por la instalación de sistemas fotovoltaicos propios con el objetivo de reducir costes, pero ASAJA denuncia que la normativa vigente impide verter a la red la energía sobrante, tanto en campaña como fuera del periodo de riego. Este bloqueo, señalan, limita la capacidad de amortización de las inversiones realizadas y reduce el margen para compensar otros gastos vinculados al uso del agua. La organización reclama un cambio normativo que permita comercializar toda la energía excedentaria.
A estas dificultades se suma el mayor consumo de agua registrado en la campaña 2025 debido a las altas temperaturas estivales y a la falta de precipitaciones, especialmente en septiembre. Muchos regantes agotaron la concesión asignada por la Confederación Hidrográfica, lo que incrementó el uso de motobombas y, en consecuencia, la factura eléctrica.
Además del coste energético y la telegestión, los agricultores deben afrontar el mantenimiento de las comunidades de regantes, la tarifa de riego, el canon de regulación y la amortización de las obras ejecutadas por SEISA. En conjunto, estos conceptos suman una media de 450 euros por hectárea en los sistemas modernizados, equivalente a un 18% de los costes totales en cultivos como el maíz.
ASAJA insiste en que la acumulación de estos gastos pone en riesgo la continuidad de numerosas explotaciones y reitera la necesidad de medidas estructurales que permitan estabilizar los costes de producción en la provincia.
