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La nueva causa se centra en el ámbito medioambiental y cuestiona la validez de la autorización autonómica. La Plataforma sostiene que la resolución vulnera la normativa aplicable y representa un riesgo para la salud pública y el entorno de los barrios de La Lastra y Puente Castro. El procedimiento queda abierto a la fase de tramitación ordinaria, con los traslados y alegaciones que correspondan. Todavía no ha trascendido el calendario procesal previsto.
El colectivo vecinal enmarca esta admisión a trámite como un respaldo a su oposición al proyecto y reitera que la autorización reproduciría errores ya señalados en el periodo de alegaciones. Entre los puntos críticos que enumera figuran las emisiones asociadas a la actividad, el impacto sobre la calidad del aire y la gestión de residuos y cenizas. Además, atribuye al proyecto una dimensión económica que considera prioritaria frente al bienestar vecinal.
En el plano de obra civil, la Plataforma advierte de afecciones durante la ejecución de la red de distribución de calor, con referencia a más de 60 kilómetros de conducciones soterradas que, a su juicio, mantendrían calzadas y aceras abiertas de forma prolongada y condicionarían el tráfico y la habitabilidad de la zona. También cuestiona la oportunidad de la inversión, cifrada en 84 millones de euros, y reclama una evaluación comparada de alternativas.
El colectivo amplía sus críticas al ámbito político e institucional. Señala la posición del Ayuntamiento de León y la participación de Somacyl en actuaciones municipales, y censura la implicación de responsables autonómicos en un proyecto que, a su entender, no responde al interés general. Mantiene la voluntad de seguir activando vías judiciales, administrativas y de movilización social hasta frenar la iniciativa.
La planta proyectada está prevista en el barrio de Puente Castro y se concibe como infraestructura de generación térmica a partir de biomasa con conexión a una red de calor urbana. La primera demanda interpuesta por la Plataforma impugna aspectos del planeamiento y la tramitación urbanística del proyecto regional. La admisión a trámite de esta segunda demanda no entra en el fondo del asunto y no modifica, por sí misma, la vigencia de las autorizaciones impugnadas. Queda pendiente conocer la respuesta de Somacyl y de la administración autonómica en el procedimiento.
