Un juzgado ordena paralizar la actividad de la red de calor de Ponferrada tras anular sus licencias

La decisión estima la petición de la Asociación Bierzo Aire Limpio y de vecinos del barrio de Compostilla, y llega después de la anulación previa de las licencias municipales de la instalación. La resolución no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El fallo acuerda detener la actividad de la planta, pero rechaza ordenar la paralización de las obras al estar ya ejecutadas. La medida se apoya en los argumentos planteados por los colectivos demandantes, que sostenían que la central no había superado una evaluación ambiental integral y que su funcionamiento entrañaba riesgos para la salud de los residentes y para el medio ambiente. El juzgado incorpora, además, una previsión para garantizar el suministro a los edificios conectados a la red.

En ese sentido, el magistrado considera que el Ayuntamiento de Ponferrada y la sociedad pública Somacyl deben disponer de medios alternativos que aseguren la continuidad del servicio a todas las comunidades y usuarios actualmente abastecidos por la red de calor. La resolución no precisa qué soluciones técnicas deberán implementarse ni el calendario para su despliegue, extremos que quedarán definidos en la ejecución de la sentencia.

La orden de paralización se enmarca en un proceso contencioso más amplio que ya había determinado la nulidad de las licencias, circunstancia que condiciona ahora el régimen de funcionamiento de la instalación. La decisión judicial introduce un nuevo escenario para la operativa de la red en la ciudad y plantea, a corto plazo, un ajuste de los sistemas de calefacción de los inmuebles conectados.

La sentencia admite recurso en vía contenciosa ante el TSJCyL. Hasta que se pronuncie la instancia superior, el Ayuntamiento y Somacyl deberán articular los mecanismos de continuidad del servicio que exige el juzgado, sin reactivar la actividad de la central. No se han difundido por el momento detalles sobre el impacto económico de esta medida ni sobre la posible reconfiguración del proyecto.

La resolución establece un punto de inflexión en la tramitación administrativa y en la explotación de la red de calor, a la espera de los próximos pasos judiciales y de las decisiones técnicas y organizativas que adopten las administraciones implicadas para cumplir el mandato y atender a los usuarios conectados.