Siete focos provocan un incendio en Pendilla y reabren el debate sobre el castigo penal

El fuego, que alcanzó el nivel 2 por el riesgo para la población, se originó de forma simultánea en varios puntos del monte, lo que dificultó su control y multiplicó la amenaza de propagación hacia zonas habitadas. Los medios de extinción trabajaron durante toda la jornada para frenar las llamas y proteger las viviendas cercanas. El número exacto de hectáreas afectadas aún no ha trascendido.

El Código Penal vigente contempla para los incendios forestales penas de entre uno y cinco años de prisión, que pueden elevarse hasta los diez o veinte años cuando existe peligro para la vida de las personas. En casos de especial gravedad, como los que afectan a grandes superficies o a espacios naturales de relevancia, se aplican agravantes que permiten un castigo más severo.

La existencia de múltiples focos en un mismo incendio se considera un factor determinante a la hora de acreditar la intencionalidad y la peligrosidad de la conducta. En este escenario, los tribunales pueden valorar la concurrencia de circunstancias agravantes, si bien la tipificación actual no establece de manera expresa la pluralidad de focos como elemento autónomo de penalidad.

La situación ha reabierto el debate jurídico y político sobre la suficiencia del marco legal. Distintos operadores jurídicos han señalado que, aunque la normativa prevé sanciones elevadas en supuestos con riesgo para personas, existe un desajuste entre el daño ecológico y social de los incendios y la pena efectiva impuesta en procedimientos donde no se registran víctimas.

Entre las propuestas que se han planteado en los últimos años destacan el incremento de las penas mínimas para los casos de propagación grave, la inclusión expresa de la multifocalidad como agravante específica y la limitación de supuestos de atenuación o exención de responsabilidad cuando la no propagación se debe a causas externas al autor.

El incendio de Pendilla se suma a una serie de siniestros recientes que han puesto de relieve la vulnerabilidad de los espacios de montaña y la necesidad de una respuesta penal y preventiva adecuada. Las investigaciones continúan abiertas y todavía no ha trascendido la identidad de los posibles responsables.