BOLETIN INFORMATIVO JUEVES 16 OCTUBRE 2025
La Consejería de Presidencia admite que se equivocó en la categoría profesional de un miembro del tribunal calificador y el proceso sigue paralizado.
Provincia05 de septiembre de 2025
RML
El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo denunció hoy lo que considera “un nuevo bloqueo ejercido por la Junta” en el proceso de nombramiento de interventor interino en el municipio, tras admitir expresamente que se equivocó en la categoría profesional de un miembro del tribunal de selección. “La Consejería de Presidencia da la razón al Ayuntamiento y admite el error, pero no recula y sigue paralizando el nombramiento”, señalan desde el Consitorio que dirige la leonesista Ana Caurel.
“Esto no es un error administrativo, es un bloqueo político injustificado que afecta directamente a los 30.000 vecinos de San Andrés del Rabanedo. No se puede permitir que, por intereses partidistas, se deje sin cobertura una plaza esencial para el funcionamiento del Ayuntamiento”, manifestó la regidora y detalló que el Consistorio prepara la respuesta a las “contradicciones” que la Junta expone en un escrito recibido hoy.
Caurel recalcó que en otros municipios de la provincia sí existen interventores accidentales e interinos sin que la Junta ponga obstáculos. “Aquí no hablamos de cuestiones técnicas, hablamos de un trato desigual y de una decisión política que busca paralizar la gestión municipal. No se puede jugar con los servicios básicos del tercer municipio de la provincia”, añadió.
El Ayuntamiento exige a la Junta que rectifique de manera inmediata, desbloquee la situación y permita el normal funcionamiento de la Intervención municipal. “San Andrés del Rabanedo no puede ser rehén de batallas partidistas. Estamos hablando de garantizar transparencia, legalidad y seguridad en la gestión de los recursos públicos”, concluyó.
Óscar Puente impulsará que la directora general de Aeropuertos de Aena viaje a León para analizar las cuestiones técnicas, mientras que la Diputación buscará la implicación empresarial.
Amenazan con “impugnar” cada uno de los actos de la central de biomasa “financiada con fondos europeos que iban a ser destinados a los valles afectados por el cierre de las minas”.
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