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La actuación comenzó en agosto y se prolongará hasta octubre. Su objetivo principal es garantizar el cumplimiento de la normativa que obliga a los arrendadores a asumir los gastos de formalización y gestión cuando el alquiler tiene fines de residencia habitual. Se excluyen de esta inspección los arrendamientos de temporada o con uso turístico, que se rigen por otras regulaciones específicas.
Los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Economía serán los encargados de realizar las inspecciones. Revisarán contratos de intermediación, reservas, facturas y documentación relativa a servicios adicionales. Además, las agencias inmobiliarias deberán aportar al menos los diez últimos expedientes tramitados relacionados con alquileres de vivienda habitual.
Entre las medidas contempladas está también la posibilidad de realizar inspecciones encubiertas. En estos casos, el personal actuará como un consumidor interesado en alquilar, con el fin de comprobar si se informa adecuadamente de los derechos y costes que asume cada parte en el proceso de arrendamiento.
La campaña responde a los cambios normativos que refuerzan la protección del inquilino, estableciendo que, salvo que solicite servicios adicionales de forma expresa, no debe asumir los gastos de intermediación. De este modo, se busca evitar abusos y garantizar condiciones equitativas en un contrato que tiene una fuerte repercusión económica y personal.
La Junta ha insistido en la necesidad de que las agencias inmobiliarias proporcionen información clara, veraz y documentada, tanto en la fase previa a la firma del contrato como en el proceso de formalización. Las infracciones detectadas podrán derivar en sanciones administrativas conforme a la legislación vigente.
El operativo, que se desplegará en todas las provincias de Castilla y León, forma parte de las competencias autonómicas en materia de protección de consumidores y usuarios, y se enmarca en una política activa de vigilancia del cumplimiento normativo en el mercado del alquiler.
