La investigación de la Guardia Civil destapa una red de irregularidades en la obtención de certificados CAP que salpica a varias provincias, entre ellas León.
CyL27 de junio de 2025
RML
La Guardia Civil ha imputado a siete personas por presuntas falsificaciones en cursos de formación para conductores profesionales, con epicentro en varias provincias de Castilla y León, incluida León. La investigación, aún en curso, revela una trama de manipulaciones en los registros biométricos de asistencia que compromete la seguridad vial y la competencia en el sector del transporte.
El caso se remonta a octubre de 2024, cuando el Sector de Tráfico de Castilla y León, con sede en León, detectó anomalías en los sistemas de control de asistencia a los cursos del Certificado de Aptitud Profesional (CAP). Estos cursos, obligatorios para quienes desean trabajar como conductores profesionales, combinan teoría y práctica en centros acreditados. La normativa exige asistencia presencial, pero las pesquisas revelaron que algunos alumnos habrían recibido el certificado sin haber acudido a las clases.
En colaboración con los Servicios de Inspección del Transporte de la Junta, los agentes realizaron 49 inspecciones a lo largo de varios meses en centros de formación de León, Valladolid, Palencia y Ávila. Se tomaron 87 declaraciones entre profesores y alumnos, y se detectaron irregularidades en siete centros. Los responsables de estos establecimientos han sido imputados por un presunto delito de falsedad documental al alterar los registros electrónicos que acreditan la asistencia a las sesiones.
La investigación no solo pone en tela de juicio el cumplimiento de la normativa por parte de los centros implicados, sino que también pone el foco sobre los riesgos que estos fraudes suponen para la seguridad en carretera y la competencia leal entre empresas del sector. Permitir que conductores ejerzan sin la formación adecuada afecta de forma directa a la seguridad de todos los usuarios de la vía.
Paralelamente, la Guardia Civil mantiene su cooperación con la Consejería de Movilidad y Transformación Digital en la vigilancia de los exámenes de capacitación, reforzando los mecanismos de control para prevenir nuevos fraudes.
Las diligencias siguen abiertas, y las autoridades continúan investigando para determinar el alcance real de las irregularidades detectadas. Mientras tanto, el sector de la formación profesional en transporte queda en entredicho, con León como uno de los puntos clave en el mapa de la investigación.
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