UPL insiste en el abandono de las carreteras autonómicas en Santa María del Páramo

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha reclamado a la Junta de Castilla y León una intervención urgente en las carreteras autonómicas CL-622, CL-621 y LE-413 a su paso por el municipio de Santa María del Páramo. La formación denuncia el mal estado del firme y la ausencia de trabajos de mantenimiento y limpieza, lo que incrementa el riesgo para la seguridad vial, especialmente en épocas de altas temperaturas y terrenos secos.

La procuradora de UPL y alcaldesa de Santa María del Páramo, Alicia Gallego, ha advertido de que la situación actual de estos viales es “muy desfavorable” y que el deterioro del asfaltado afecta también al sistema de saneamiento del municipio. Según Gallego, las condiciones justifican plenamente una actuación urgente, más aún tras conocer la respuesta de la Junta a una pregunta formulada por su grupo parlamentario.

En dicha respuesta, la administración autonómica aseguró que el pavimento se encuentra envejecido, pero no identificó baches ni problemas relevantes de seguridad vial, salvo un mayor desgaste en la LE-413. Esta contestación ha sido calificada por Gallego como “una excusa más”, lamentando la falta de implicación del gobierno autonómico con el entorno rural y sus infraestructuras, que, en su opinión, se relegan por tener un carácter “más urbano”.

La UPL recuerda que ya en octubre de 2022 se aprobó por unanimidad en la Comisión de Movilidad y Transformación Digital una iniciativa que comprometía la reparación de estos viales. Sin embargo, la Junta continúa alegando que el proyecto de arreglo aún está en fase de redacción, lo que la formación interpreta como una muestra de desinterés prolongado.

Gallego sostiene que esta situación es consecuencia directa de la escasez presupuestaria y del escaso esfuerzo del Partido Popular y la Junta en materia de inversión rural. Frente a ello, asegura que tanto el Ayuntamiento como UPL seguirán movilizando todos los recursos posibles para forzar la actuación y recordar a los vecinos que la responsabilidad de este abandono recae en la administración autonómica.