RML
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, avanzó hoy que el jueves, 20 de marzo, estará presente en el Congreso de los Diputados con motivo de la votación de la derogación de la orden que incluyó al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, lo que permitirá que las comunidades autónomas recuperen la capacidad de gestionar a la especie.
Una cuestión que el consejero consideró “fundamental” y tras la que la Junta llevará a cabo una intervención “estricta” y “técnica” por parte del personal "especializado”, que será el que “determina qué es lo que hay que hacer y dónde”, después de que el lobo acabara durante el pasado año con 6.000 reses de distinto tipo en Castilla y León, lo que supuso un incremento del 40 por ciento en los daños respecto al año 2021, cuando se “extrajo la capacidad de gestión la especie a las comunidades autónomas”.
Suárez-Quiñones quiso dejar claro este martes que “el objetivo de la Junta de Castilla y León no ha sido nunca cazar al lobo, sino mantener la gestión de la especie” con el objetivo de “buscar un equilibrio entre la población de lobos y la ganadería extensiva y semi-extensiva”, lo que “ya estaba conseguido con no pocas dificultades” hasta que “se rompió en 2021 con la inclusión de lobo por parte del Gobierno de España en el listado de especies de protección especial”, a pesar de que “la propia Unión Europea no lo preveía y ni exigía”.
Por este motivo, recordó que el Gobierno autonómico ha llevado a cabo desde entonces “una acción muy importante en Europa”, lo que se materializó en “una decisión importantísima” después de que el Comité Permanente del Convenio Berna “decidiera cambiar el régimen de jurídico de lobo y pasar de un régimen general de estricta protección en toda Europa a un régimen de protección simple”.
A ello añadió que el pasado 7 de marzo, la Comisión Europea pidió expresamente a los colegisladores “que cambien la directiva Hábitat Europea del año 92”, de forma que “el lobo pasará de un anexo de estricta protección a un anexo de protección simple”, lo que permitirá contar con “una protección que también proteja a la ganadería”.
“La confianza en la gestión autonómica que nos extrajo el Gobierno de España ha tenido muy malas consecuencias y entendemos que si la aprobación del jueves sale adelante es una gran noticia para Castilla del León, para España y desde luego también para León”, concluyó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
