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El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León también reclama avanzar en la ordenación del territorio.
BOLETIN INFORMATIVO MIERCOLES 15 OCTUBRE 2025
La organización pide que se emita un informe ambiental "desfavorable" o que se reinicie el procedimiento.
Provincia21 de enero de 2025Ecologistas en Acción de León vuelve a presentar alegaciones al estudio de impacto ambiental del denominado Proyecto Regional Parque Medioambiental de Tratamiento de Residuos de San Justo de la Vega, que contempla la construcción de dos nuevos vertederos con capacidad para cinco millones de toneladas de residuos industriales, de las que un millón serán residuos peligrosos, según informa la organización en un comunicado.
De esta forma, solicitan que se dicte declaración de impacto ambiental “desfavorable y subsidiariamente”, si el proyecto fuera informado favorablemente por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y el Servicio de Residuos y Suelos contaminados de la Junta, se pongan a disposición del público estos informes preceptivos, y se reinicie el procedimiento de autorización ambiental.
Asimismo, recordó que el promotor ha tenido que modificar el proyecto, como consecuencia del informe desfavorable del Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Junta. Esto, indicó, ha provocado la desaparición del vertedero de residuos de construcción y demolición, pero se mantienen con la misma capacidad, prolongando su vida útil, los de residuos industriales no peligrosos RINP (mínimo 25 años) y peligrosos RIP (mínimo 15 años). A este último, se estima que podrán entrar anualmente 11.578 toneladas de los residuos de construcción y demolición más peligrosos y tóxicos, los materiales que contienen amianto.
“El proyecto es inaceptable en primer lugar por su ubicación, dado el riesgo de contaminación con sustancias tóxicas y peligrosas de las masas de agua, superficiales y subterráneas, que supone la construcción de estos nuevos vertederos, colindantes con el CTR, situados entre dos arroyos afluentes de los ríos Tuerto y Órbigo y sobre el acuífero detrítico terciario del Tuerto-Esla, caracterizado por su elevada permeabilidad”, señaló Ecologistas.
Respecto al informe sobre la idoneidad hidrológica e hidrogeológica, encargado por el promotor Valorización Verde, S.L., presenta como anexo a las alegaciones el informe de la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid (desde 1979 y actualmente jubilada), Isabel Herráez Sánchez de las Matas, doctora en Ciencias Geológicas y especializada en Hidrogeología, Contaminación de aguas superficiales y subterráneas y Vertederos. Fue directora del Máster en Gestión y Tratamiento de Residuos (desde 2003 como título propio y desde 2019 como título oficial) que se imparte actualmente en la Universidad Autónoma de Madrid.
Isabel Herráez fue coautora en 1999 del informe del CSIC que concluía desaconsejando la ubicación del CTR en San Román de la Vega. Se reitera ahora en “todos y cada uno de los 19 puntos débiles identificados en aquel emplazamiento que siguen siendo totalmente válidos para el PMTR” y concluye su informe diciendo que el emplazamiento de los vertederos propuestos actualmente “no reúne las condiciones que exige la Directiva 1999/31, recogidas en el Real Decreto 646/2020, que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero no habiendo sido suficientemente demostrados los aspectos de idoneidad hidrológicos, hidrogeológicos, geomorfológicos, baja vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación y estado de calidad de las aguas superficiales, así como medidas para la prevención y el control de la contaminación”.
Otros motivos de alegación se centran en el “incumplimiento” de la Ley de residuos; la falta de justificación del proyecto en el plan autonómico de gestión de residuos; la “inviabilidad” ambiental e incumplimiento de la Ley de Evaluación de Impacto; la afección al Camino de Santiago; la “arbitraria tramitación” del PMTR como “Proyecto Regional” y el impacto social y económico “negativos”.
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León también reclama avanzar en la ordenación del territorio.
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