Ecologistas en Acción aplaude el informe negativo del Ayuntamiento de Castropodame para una planta de biogás

La organización advierte que la explotación porcina que se quiere crear en El Burgo Ranero “cuenta con argumentos para ser rechazada”

Provincia16 de octubre de 2024RMLRML
PLANTA DE BIOGAS
PLANTA DE BIOGAS

Ecologistas en Acción celebró hoy que el Ayuntamiento de la localidad leonesa de Castropodame haya emitido un informe urbanístico negativo de incompatibilidad de la instalación de una planta de biogás con el planeamiento municipal, lo que obliga a la Junta de Castilla y León “poner fin al procedimiento y archivar el expediente”.
Asimismo, aplaudió que el Ayuntamiento de El Burgo Ranero se haya manifestado en contra de una explotación porcina y acordara en pleno municipal presentar alegaciones al respecto. Sin embargo, al carecer de normas urbanísticas, El Burgo Ranero se rige por el planeamiento provincial y un posible informe de incompatibilidad urbanística tendría que emitirlo el Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de León. No obstante, la organización consideró que “sobran argumentos para rechazar un proyecto que, situado en proximidad del Camino de Santiago, no dispone de captación de agua, ni de plan de gestión de purines”, lo que “debió impedir la admisión a trámite del expediente”.
Ambos proyectos, situados en la provincia de León, se encuentran sometidos a información pública en la página web de la Junta de Castilla y León. El primero de ellos, según detalló Ecologistas en Acción, se trata de una planta de biogás en Castropodame que producirá biometano mediante la digestión anaerobia de 200.000 toneladas anuales de deyecciones ganaderas y otros residuos orgánicos que “El Bierzo no genera”. Por otro lado se encuentra la macrogranja porcina en El Burgo Ranero, admitida a trámite con la máxima capacidad que permite la ley y que producirá 15.700 toneladas anuales de purines.
Ecologistas en Acción animó a todos los ayuntamientos a “plantar cara a estos proyectos con todos los medios disponibles” mediante recursos contra las autorizaciones ambientales si la Junta llegara a otorgarlas “a pesar de las omisiones e incumplimientos alegados y a pesar de la oposición y el malestar expresado públicamente por los vecinos y las vecinas a las que representan”.

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