La Unión General de Trabajadores (UGT) de León ha denunciado este viernes que la Junta de Castilla y León aún no ha publicado la orden anual de guardias del operativo contra incendios forestales.
Provincia06 de septiembre de 2024
RML
Para la sección de Administración Autonómica de la Federación de Servicios Públicos del sindicato "es inaudito", y es "la primera vez" que no existe orden anual de guardias, que es el instrumento que regula el trabajo del operativo propio de la Junta.
Así lo ha declarado en rueda de prensa el delegado sindical de UGT - Agente Medioambiental, Alfonso Vallecillo Torres, quién ha explicado que, en base a esta normativa, se programan los calendarios de guardias y de trabajo de técnicos, agentes medioambientales, celadores de medio ambiente y conductores.
RETIRADA DE GUARDIAS EN LEÓN.
Según Vallecillo, la no publicación de esta orden ha propiciado que este año se hayan retirado del operativo provincial un total de " 45 guardias de técnicos y 37 guardias de conductores".
El agente medioambiental ha asegurado que esta decisión, "tomada desde Valladolid", se llevó a cabo "pese a haber un calendario firmado por el delegado territorial", reduciendo el operativo programado.
La última orden anual es la correspondiente al año 2023, un documento que han calificado como "desfasado" y que modifican "a su antojo cuando quieren". "A día de hoy están programadas las guardias hasta el 12 de octubre; después de esa fecha no tenemos nada asignado", ha denunciado el agente medioambiental.
El representante de la central sindical ha considerado "necesario" planificar con tiempo los dispositivos para que estos puedan trabajar "con tranquilidad, seguridad y garantías" en las labores a realizar.
DECRETO DEL OPERATIVO.
La central sindical ha recordado que "desde el año 2022" se encuentran en negociaciones con la Dirección General adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, para conseguir un Decreto del operativo.
El delegado sindical ha pedido "más seriedad y compromiso" a la Junta para encarar estas negociaciones que "están en marcha desde hace dos años", en pos de poder ofrecer un mejor servicio público.
"A fecha del 5 de septiembre ha habido un total de 132 incendios forestales", ha informado Vallecillo, que lo ha catalogado como "un año dentro de la regularidad" y ha advertido que "la siniestralidad de los incendios ha cambiado" y que, "de llegar un otoño seco", podrían darse más incendios.
Un hombre de 52 años fue rescatado este lunes por el Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta tras sufrir una lesión en la cumbre del Pico Yordas, en el municipio de Riaño (León). El aviso se recibió a las 15:15 horas y la intervención finalizó con su traslado al Punto de Atención Continuada de Riaño.
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La Comisión Territorial de Patrimonio de León ha aprobado varias intervenciones de conservación y mejora en bienes protegidos de la provincia, entre ellas trabajos arqueológicos en el Convento de San Marcos, actuaciones en un tramo de la Muralla de León y la sustitución parcial de la tarima del presbiterio en la iglesia de Nuestra Señora del Mercado. El paquete de autorizaciones afecta a elementos históricos y religiosos de la capital y a bienes localizados en distintas localidades del territorio provincial.
Los apicultores de San Emiliano reclaman una revisión urgente de las compensaciones que reciben por los daños causados por el oso pardo en sus colmenares. Consideran que los baremos actuales no reflejan las pérdidas reales y piden pagos más rápidos, completos y proporcionales, además de medidas preventivas financiadas al cien por cien.
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Cuando una persona u organización vende papeletas o participaciones de lotería sin haber adquirido los décimos que dice representar y el número resulta premiado con el máximo premio, el conflicto no queda entre el que lo vendió y el que compró. Se convierte en un asunto penal y civil que suele acabar en juzgado, con riesgo real de embargo y responsabilidad patrimonial para quienes intervinieron en la venta.
El pleno extraordinario de Boñar del 9 de diciembre deja algo más que decisiones políticas genéricas: identifica expedientes concretos con graves anomalías contables y un saldo negativo de 33.805,28 euros. Las explicaciones técnicas se limitan a deslindar responsabilidades, mientras el foco se estrecha sobre quienes tenían el deber legal de control y corrección: la Alcaldía y la anterior Secretaría municipal.
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