UPL recrimina al equipo de gobierno el posible aplazamiento de otros 22 meses del contrato de autobuses de León

Cuando el alcalde de León, Jose Antonio Diez, estaba en la oposición decía que el contrato de los autobuses de la ciudad de León era “el peor contrato de España porque todo el riesgo corre a cargo del Ayuntamiento de León”, comprometiéndose a cambiar la situación cuando gobernase. 

Después de más de 5 años no solo no ha cumplido su promesa, sino que incluso en el Pleno Municipal de 29 de octubre de 2021 amplió el plazo de la concesión por 2 años y 3 meses, en contra de los intereses de los leoneses y con el voto en contra del Grupo Municipal de UPL, que ha finalizado el 31 de marzo de 2024 y que continua siendo el mismo contrato tan malo como afirmaba, pero que continua con el mismo.

Para mayor escarnio de la situación en la Junta de Gobierno local celebrada en días pasados se ha llevado, y aprobado, la contratación del servicio de Asistencia Técnica para la definición del modelo técnico, jurídico y financiero del servicio de transporte regular de uso general de viajeros en autobús en la ciudad de León, que no solamente supone un gasto de 193.000 euros IVA incluido, sino que además establece un plazo de 22 meses desde la fecha de la formalización para que se ejecute este contrato lo cual da claramente a entender que la intención del alcalde es continuar en la misma calamitosa situación durante posiblemente otros 22 meses al menos.

Desde el Grupo Municipal de Unión del Pueblo Leonés en el Ayuntamiento de León queremos denunciar esta situación que resulta totalmente gravosa para las arcas municipales con más de 435.000 euros de coste mensual para todos los vecinos con el actual contrato finalizado, y que el alcalde continua en esta interinidad del servicio del transporte urbano, cuando lo razonable era acometer de modo inmediato la municipalización del servicio, o como también hemos propuesto, la creación de una empresa mixta con mayoría municipal y desde luego también no siendo justificable este gasto de los 193.000 euros que carece absolutamente de sentido, cuando ya debería de estar planificada la municipalización o la empresa mixta, a sabiendas hace ya 2 años y 3 meses que la ampliación del plazo finalizaba el 31 de marzo de 2024.