RMLEl motivo para impugnarla es que toda ella invade competencias de otras administraciones públicas, en particular de la Junta de Castilla y León, administraciones que tienen sobradamente legislado sobre la materia y que están ejerciendo los controles oportunos para su complimiento. Nada relevante aporta la ordenanza sobre lo ya legislado, salvo lo de obligar a los propietarios del ganado a “retirar los excrementos de los mismos cuando transiten por vía o espacios públicos”. En su osadía, el Ayuntamiento llega incluso a tipificar las infracciones, aunque se abstiene de fijar los importes económicos que corresponderían a cada una de ellas. ASAJA denuncia también que el ayuntamiento no tiene medios humanos ni materiales para ejercer los controles en la materia en la que pretende legislar.
ASAJA se pregunta si el Alcalde de Boca de Huérgano no tiene mejor cosa en la que echar su tiempo como servidor púbico ni mejor destino de los escasos recursos del Ayuntamiento, y pide respeto y consideración para con el sector primario, que sigue siendo fundamental para el desarrollo socioeconómico del municipio y de la comarca, y fundamental para el cuidado de medio ambiente en el que se sustenta el turismo de montaña.
Cuando el sector se queja de la excesiva carga burocrática y de las exigencias en materia de medio ambiente y bienestar animal que llegan desde Europa, y que castigan sobre todo al sector ganadero, resulta chocante que sea una administración local la que, lejos de mostrar empatía con la problemática de los vecinos, trate de quitarles su medio de vida.
La intervención que pide ASAJA a la Junta ya se ha hecho en otros casos, y con resultados exitosos, cuando otros alcaldes se han puesto a legislar contra la ganadería intensiva excediéndose en sus competencias y contraviniendo la normativa sectorial. Cierto que para ello ha sido necesario recurrir a la vía judicial.
