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En Mozóndiga, la vocal de Izquierda Unida Jessica Sousa ha visto reconocida su petición de acceso a documentación sobre la gestión de la Junta Vecinal, tras la negativa reiterada a facilitársela. La resolución del Comisionado de Transparencia da la razón a su reclamación y confirma el derecho a recibir información sobre cuentas, facturas, actas y movimientos económicos de la entidad local menor.
El asunto trasciende el caso concreto y remite a un problema recurrente en el medio rural: la dificultad para garantizar mecanismos de control en juntas vecinales con recursos limitados y estructuras administrativas muy reducidas. En ese contexto, la transparencia no solo afecta a la oposición o a los cargos electos, sino también a los vecinos que dependen de esas entidades para conocer cóo se gestionan bienes y fondos públicos.
La situación tiene especial interés en municipios como por ejemplo Boñar y en otros núcleos rurales de la provincia, donde el funcionamiento de juntas vecinales y concejos sigue siendo determinante para la vida local. En estos entornos, el acceso a la documentación y la rendición de cuentas se convierten en una herramienta básica para evitar vacíos de información y reforzar la confianza en la gestión pública. La experiencia de estos municipios muestra que la transparencia no es un asunto formal, sino una condición necesaria para que la participación vecinal tenga contenido real. El poder municipal, que lo sabe, practica el bloqueo con prácticas totalmente anti democráticas que ponen en evidencia su falta de conocimiento sobre principios de democracia básica.
En Mozóndiga, la denuncia apunta al presidente de la Junta Vecinal, Miguel Ángel Martínez, también concejal en el Ayuntamiento de Chozas de Abajo. La vocal ha defendido que la solicitud de información era necesaria para ejercer su labor de control y que la falta de respuesta obligó a acudir al Comisionado de Transparencia para hacer efectivo ese derecho.
El caso deja además una advertencia para el conjunto del ámbito rural leonés: sin acceso ordenado a la información pública, las entidades locales menores corren el riesgo de funcionar con demasiada opacidad. En municipios pequeños, donde la cercanía entre administración y vecinos es mayor, esa falta de claridad puede tener un impacto directo en la gestión y en la percepción ciudadana sobre la vida pública.
