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Esta iniciativa surge ante el riesgo identificado de que alrededor de 40 ayuntamientos no puedan completar las actuaciones previstas dentro del plazo inicialmente establecido. En tal escenario, estas entidades locales se verían obligadas a devolver la totalidad de los anticipos financieros obtenidos, incluidos los intereses de demora correspondientes. Para mitigar esta situación compleja, el Instituto para la Transición Justa asumirá con fondos propios, cuando resulte preciso, la cobertura financiera necesaria para sustentar la ampliación de los plazos de ejecución más allá de la fecha límite actual.
La orden en fase de elaboración establecerá el procedimiento para que los beneficiarios soliciten formalmente la modificación de la resolución de concesión, siempre que sus proyectos no puedan concluirse antes del citado 30 de junio de 2026. El plazo máximo para presentar dicha solicitud de ampliación será el 31 de mayo de 2026. Esta flexibilización temporal resulta especialmente relevante considerando la tipología de los municipios afectados; el 25% de ellos cuenta con menos de 500 habitantes, y el 50% tiene entre 501 y 5.000 pobladores, lo que denota una limitada capacidad administrativa y técnica para la gestión de proyectos de cierta complejidad.
En total, son 126 los proyectos de infraestructuras municipales en zonas de transición justa que han recibido ayudas a través de las dos convocatorias existentes, con una dotación económica global que asciende a 116 millones de euros. Estas actuaciones están destinadas a completar infraestructuras medioambientales, digitales y sociales enfocadas en la mejora de los servicios municipales y la dinamización de la actividad económica local en los territorios beneficiarios.
A pesar de la futura extensión de los plazos de ejecución, el cumplimiento de los hitos y compromisos asociados a estas ayudas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) permanece garantizado. Los objetivos fijados en el marco europeo se refieren específicamente a la fase de adjudicación de los proyectos, trámite ya realizado, y no a su finalización material. Por consiguiente, esta medida de flexibilización temporal no tendrá impacto negativo en los desembolsos económicos que España debe recibir procedentes del instrumento financiero de recuperación de la Unión Europea. La ampliación del plazo de ejecución de los proyectos, sin embargo, llevará aparejada una obligación de cofinanciación por parte de las entidades beneficiarias. En la primera convocatoria, esta cofinanciación se fija en un máximo del 5% del importe de la subvención, mientras que para la segunda convocatoria la aportación municipal llegará hasta el 2% de la ayuda recibida.
