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La Fiscalía solicita una pena de tres años de prisión y una multa de veinte meses con una cuota diaria de seis euros. El escrito de acusación señala que la gerente incurrió en un presunto delito contra el medio ambiente al no procesar adecuadamente los residuos que llegaban a las instalaciones de la empresa. Además de la pena privativa de libertad, el Ministerio Público reclama una inhabilitación especial de dos años para cualquier actividad profesional relacionada con la gestión de residuos.
La investigación técnica apunta a que el centro recibió más de 2.200 vehículos durante el periodo analizado sin que se realizara una gestión correcta de sus componentes peligrosos. En lugar de entregar los gases refrigerantes a centros autorizados para su eliminación o reciclaje, estos fueron liberados directamente a la atmósfera. Esta práctica habría provocado la emisión de 331 kilos de gas refrigerante, volumen que los peritos equivalen a 474 toneladas de dióxido de carbono. El perjuicio económico causado por este impacto ambiental se ha valorado en más de 21.000 euros.
Por estos hechos, la acusación no solo se dirige contra la gerente, sino que también incluye pretensiones económicas contra la propia sociedad mercantil. En este sentido, se exige a la empresa "Desguaces Ponferrada" el abono de 42.000 euros en concepto de responsabilidad por los daños ocasionados al entorno natural. La Fiscalía sostiene que el proceder de la planta vulneró sistemáticamente la normativa vigente sobre el tratamiento de vehículos al final de su vida útil.
La vista oral, que inicialmente estaba prevista para el pasado mes de diciembre, se celebrará finalmente el lunes 23 de marzo a partir de las 10:00 horas. Durante el juicio se analizarán las pruebas documentales que certifican la entrada de los automóviles y la ausencia de registros sobre la gestión de sus fluidos y gases contaminantes. La sentencia determinará si la falta de protocolos de eliminación constituye un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente.
