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Las organizaciones empresariales y profesionales de la provincia han trasladado a las administraciones la necesidad de implementar medidas de apoyo ante la subida sostenida del precio de los carburantes. La principal demanda se centra en la aplicación de una bonificación similar a la activada en 2022, estimada en 0,20 céntimos por litro, para mitigar el impacto económico derivado de la inestabilidad internacional. Este encarecimiento supone, según los cálculos del sector, un sobrecoste de 2.000 euros al mes por cada profesional del transporte.
La situación afecta especialmente a una provincia como León, donde el transporte por carretera es una pieza clave para la conectividad de mercados y servicios. Actualmente, el sector en territorio leonés se caracteriza por una alta atomización, con aproximadamente 3.200 trabajadores autónomos y pequeñas empresas. Esta fragmentación dificulta la capacidad de los transportistas para negociar con sus clientes y repercutir el alza de los costes operativos, lo que compromete la viabilidad financiera de muchos negocios locales.
Además de las ayudas directas, los empresarios exigen que se cumpla de forma efectiva la revisión obligatoria de las tarifas del transporte. Esta medida busca garantizar que las fluctuaciones en el precio de la energía se trasladen de manera justa a los contratos de servicios, evitando que los profesionales asuman en solitario la pérdida de rentabilidad. La falta de respuesta inmediata por parte del Gobierno Central contrasta con las acciones ya adoptadas en países vecinos como Portugal o Francia, donde se han activado mecanismos de compensación.
El incremento de la recaudación fiscal derivada de los impuestos progresivos sobre el combustible es otro de los puntos señalados por las asociaciones. Los representantes del transporte recalcan que el debilitamiento de esta actividad conlleva un encarecimiento general de la movilidad y de los productos de consumo, afectando de manera directa a autónomos de otros ámbitos y a los ciudadanos particulares.
Si la situación de desequilibrio persiste y no se producen ajustes en los precios percibidos por los servicios prestados, los colectivos profesionales advierten del riesgo de un cese de actividad generalizado. Por el momento, la prioridad reside en conseguir soluciones de carácter temporal que se adapten a la realidad económica de los territorios con mayor dependencia logística.
