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Las pesquisas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) se centran en una superficie de 350 hectáreas destinadas a pastos privados en la Sierra de los Ancares leoneses. Los terrenos pertenecen a una sociedad civil legalmente constituida que, durante al menos tres años, habría sufrido el aprovechamiento de su propiedad por parte de los investigados sin haber otorgado ningún tipo de permiso. La operación judicial se inició tras una denuncia presentada por los dueños de las fincas durante el pasado año 2025, a la que se sumaron las protestas recurrentes de los residentes de la zona por la presencia incontrolada del ganado.
La inspección ocular y la recopilación de indicios permitieron confirmar que los investigados introducían sus animales de forma sistemática en estos terrenos ajenos. Además de la ausencia de contratos de arrendamiento o permisos de uso, los agentes detectaron que la actividad carecía de las autorizaciones sanitarias obligatorias para el movimiento y estancia de ganado bóvido en dichas parcelas. Estas conductas, calificadas como reiteradas y contumaces, han derivado también en la apertura de expedientes administrativos por infracciones graves de la normativa de sanidad animal vigente.
El resultado de las actuaciones ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Las diligencias instruidas por la patrulla del SEPRONA se han remitido a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Villablino, así como a la Fiscalía de Medio Ambiente de Ponferrada. De forma paralela, el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León ha recibido el informe detallado de las irregularidades sanitarias para proceder con las sanciones correspondientes.
