RML
La falta de publicación de las bases correspondientes al presente ejercicio se suma al retraso acumulado en convocatorias anteriores. Hace escasos meses, la administración provincial procedió al abono conjunto de las ayudas acumuladas correspondientes a los ejercicios de 2022, 2023 y 2024. Aquella resolución tardía obligó a las entidades beneficiarias a asumir periodos prolongados sin percibir los fondos institucionales destinados a respaldar su actividad ordinaria en el territorio.
La organización de los recursos económicos afectados genera dificultades operativas en la planificación anual de los consejos reguladores, los cuales desarrollan sus funciones de control y promoción bajo un margen presupuestario condicionado por las aportaciones públicas. La ausencia de convocatorias en los plazos ordinarios obliga a las asociaciones de productores a adelantar fondos propios para sufragar sus gastos corrientes de funcionamiento, lo que provoca tensiones de tesorería en el desarrollo de sus competencias de certificación y calidad.
El sector agroalimentario en la provincia cuenta con diversas figuras de calidad diferenciada que dependen de la certidumbre económica para mantener sus estructuras de control y comercialización exterior. La dinámica de tramitación actual mantiene un decalaje temporal entre los ejercicios presupuestarios previstos y la ejecución material de los pagos, consolidando un modelo de gestión administrativa caracterizado por la dilación en los procedimientos de concesión.
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