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Un total de 56 lanzamientos judiciales se han ejecutado en los Juzgados de Ponferrada en lo que va de año. La mayoría de estos desalojos corresponden a casos de impago en los contratos de arrendamiento, una dinámica que afecta directamente a familias trabajadoras de la comarca del Bierzo. La provincia de León encabeza el volumen de desahucios acumulados dentro del conjunto de la comunidad autónoma de Castilla y León.
El Partido Comunista del Bierzo ha denunciado la mercantilización de la vivienda y ha rechazado los criterios fijados para las futuras viviendas de protección pública que la Junta de Castilla y León proyecta en el barrio de La Rosaleda. La normativa establecida para estas promociones exige un periodo mínimo de diez años de empadronamiento continuado en la capital berciana bajo el criterio de prioridad nacional.
Esta exigencia de empadronamiento genera situaciones en las que personas nacidas en el municipio que hayan tenido que desplazarse por motivos laborales quedan excluidas del proceso, mientras que otros solicitantes que cumplan el requisito decenal pueden acceder independientemente de su capacidad económica. La formación atribuye el acuerdo de este marco regulatorio a la sintonía entre PP, Vox y Coalición por el Bierzo.
Frente a este modelo, la organización reclama centrar el debate político en el nivel de los salarios, el incremento de los precios del alquiler y la especulación inmobiliaria, evitando señalar a la población migrante. Como alternativa, solicita ampliar el parque público de vivienda de forma permanente y al margen de la lógica de mercado, asignando los inmuebles en función de las necesidades sociales y económicas de cada unidad familiar.
El colectivo comunista ha manifestado asimismo su respaldo a la huelga general promovida por las organizaciones sindicales para exigir el freno a los desahucios y la garantía del acceso al hogar como un derecho básico no sujeto a la especulación.
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