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La provincia de León concentra 23 de los 101 proyectos de movilidad sostenible aprobados para el conjunto de Castilla y León. El volumen de gasto asignado alcanza los 40.114.026 euros, posicionando al territorio provincial como el principal receptor de estos fondos europeos de recuperación en el ámbito autonómico. Las intervenciones se distribuyen de manera concreta en cuatro términos municipales: la capital leonesa alberga trece proyectos, Ponferrada suma siete actuaciones, San Andrés del Rabanedo cuenta con dos líneas de trabajo y Vegacervera completa la lista con una intervención.
El conjunto de las operaciones financiadas abarca una estrategia diversificada para la reducción de emisiones contaminantes en los entornos urbanos. Entre las medidas principales se encuentra la adquisición de autobuses destinados al transporte público dotados de motores más eficientes, así como la implantación de sistemas públicos de préstamo de bicicletas y vehículos de movilidad personal. Asimismo, las partidas económicas sufragan la mejora de los itinerarios peatonales existentes, la creación y señalización de zonas de bajas emisiones, la construcción de nuevos carriles bici y la digitalización integral de las redes de transporte de viajeros.
Dentro de la planificación provincial destacan las obras para la apertura de nuevos itinerarios ciclistas que conectan los cascos urbanos de León y San Andrés del Rabanedo. Estas infraestructuras específicas buscan garantizar desplazamientos cotidianos más seguros y accesibles para los usuarios, transformando la configuración vial y mejorando de forma directa la habitabilidad en los espacios de mayor densidad de población.
A nivel estatal, las líneas presupuestarias vinculadas a esta misma convocatoria han permitido el desarrollo de más de 1.080 kilómetros de carriles bici repartidos en 124 municipios de todo el país, además del montaje de cerca de 11.000 plazas de aparcamiento para bicicletas en 61 localidades. De forma paralela, se han inyectado casi 65 millones de euros para la puesta en marcha y ampliación de los servicios públicos de alquiler de bicicletas en 22 ciudades españolas. Esta inversión global ha facilitado la apertura de más de 1.300 estaciones de recogida y el despliegue de 17.000 bicicletas nuevas para el uso de la ciudadanía, en sintonía con las directrices fijadas por la nueva Ley de Movilidad Sostenible.
