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La autorización se apoya en el marco de la Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León, que establece una suspensión automática de los aprovechamientos cinegéticos durante cinco años en montes incendiados, aunque contempla la posibilidad de levantarla si se acredita compatibilidad con la regeneración del monte y la restauración del hábitat. En la resolución publicada, la Junta encuadra el levantamiento en la temporada 2026/2027 y fija como fecha de inicio el 1 de abril de 2026. Para la caza menor, la actividad arrancaría con la media veda desde el 15 de agosto de 2026, mientras que la caza mayor quedaría habilitada desde el 1 de abril para especies como jabalí, ciervo o corzo.
El documento detalla que la suspensión afectó a 107 cotos de caza y a la Reserva Regional de Caza de Riaño tras los incendios de 2025. También recoge antecedentes de medidas adoptadas en octubre de 2025 para modificar cupos y limitar determinadas especies en los cotos más afectados, además de mantener el control del jabalí en varias modalidades. La Junta vincula la decisión al riesgo de incompatibilidad entre la ausencia de aprovechamiento de ungulados y la regeneración de la cubierta forestal, además de citar la seguridad vial y los daños a cultivos y ganadería.
Pacma sostiene que permitir la caza en áreas incendiadas tan poco tiempo después del fuego supone un retroceso en protección ambiental y un precedente que debilita la recuperación de la fauna. El partido argumenta que, tras un incendio, las especies atraviesan un periodo crítico por la pérdida de refugio, alimento y cobertura vegetal, y considera que reactivar la actividad cinegética agrava esa vulnerabilidad.
En paralelo, el Gobierno autonómico ha defendido que la medida se adopta en función de informes técnicos y de las circunstancias del territorio. Con ese planteamiento, la Junta sostiene que el levantamiento es compatible con la restauración del monte y con la gestión de poblaciones cinegéticas en zonas afectadas por los incendios de 2025.
