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El sindicato sitúa el problema en las condiciones de trabajo en un edificio que consideran limitado para el volumen de personal y servicios que alberga. Describe dependencias con despachos y zonas operativas saturadas, y espacios de atención al público insuficientes, hasta el punto de que, en determinados momentos, los usuarios deben esperar en pasillos. La falta de capacidad llevó en su momento a trasladar la expedición del DNI y el pasaporte a un local externo situado en la calle de la Guardia Civil.
La UFP subraya que las carencias se aprecian de forma especialmente acusada en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras. Señala que las personas que acuden a trámites carecen de una sala de espera diferenciada y deben aguardar en zonas de paso. Añade que el personal de limpieza no dispone de vestuarios y se cambia en espacios comunes.
El debate sobre la ampliación volvió a plantearse durante el acto institucional por el 202 aniversario de la Policía Nacional. En ese contexto, el comisario jefe provincial, Miguel Ángel del Diego, indicó que la comisaría se ha quedado pequeña y necesita una ampliación, mientras que el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, trasladó que se está trabajando en ello. La UFP valoró esas declaraciones, pero insistió en que el problema continúa sin una respuesta material.
Entre las opciones analizadas, la organización recuerda la posibilidad de adquirir un inmueble situado a unos 20 metros del edificio actual, frente a su puerta principal. Según la UFP, el local dispone de unos 2.000 metros cuadrados y numerosas plazas de garaje, lo que permitiría reubicar la flota policial que actualmente ocupa ambos lados de la calle Villa de Benavente y genera quejas vecinales por la falta de estacionamiento.
A petición de la comisaría, la Dirección General de la Policía envió un arquitecto para estudiar la viabilidad del inmueble y el informe resultó favorable. La propuesta, sin embargo, fue rechazada posteriormente en Madrid con el argumento de que "no es el momento". La UFP sostiene que la decisión no se ha justificado por razones presupuestarias y pide que se concreten con hechos los trabajos anunciados para resolver una situación que considera insostenible.
