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La norma extiende dos años más la bonificación sobre la cuota tributaria de la tasa por prestación de servicios veterinarios, regulada en el capítulo XIV del título IV de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León. Esa bonificación se había fijado en el artículo único de la Ley 2/2023, de 9 de noviembre, y alcanzaba el 95 por ciento con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Con la prórroga, el descuento seguirá aplicándose durante 2026 y 2027.
En el mismo texto se mantiene la bonificación sobre la cuota de las tasas por expedición o reconocimiento de licencias quinquenales de caza de las clases A y B y por la licencia quinquenal de pesca. Estas rebajas estaban previstas en la disposición adicional primera de la Ley 2/2022, de 1 de diciembre, de rebajas tributarias, y habían sido ya prolongadas para 2024 y 2025. La prórroga las extiende ahora a los dos ejercicios siguientes.
La normativa también prolonga la exención de la tasa por expedición de certificados de profesionalidad, acreditaciones parciales acumulables y expedición de duplicados. Esta tasa se encuentra regulada en el capítulo XLII de la Ley 12/2001 y la exención se había introducido mediante la disposición adicional primera de la Ley 4/2024, de 9 de mayo, de medidas tributarias, financieras y administrativas, con finalización prevista el 31 de diciembre de 2025. El nuevo texto amplía el periodo hasta el cierre de 2027.
La publicación justifica la continuidad de las bonificaciones veterinarias por la persistencia de condicionantes económicos que pueden afectar a la viabilidad de las explotaciones ganaderas, como el encarecimiento de materias primas y el aumento de costes asociados a tensiones geopolíticas o regulaciones medioambientales. En el caso de caza y pesca, se vincula la prórroga al impacto en el medio rural y a la elevada aceptación de las licencias bonificadas, con un incremento notable del número de titulares desde 2022.
En materia de certificados de profesionalidad, la extensión de la exención se enmarca en el objetivo de facilitar formación e inserción laboral, eliminando el coste de expedición y de duplicados para quienes acreditan competencias profesionales.
