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La actuación se origina tras una denuncia presentada por presuntas irregularidades en la gestión económica del Ayuntamiento de Bembibre. A partir de ese escrito, la Fiscalía incoó diligencias de investigación preprocesal y, una vez analizada la documentación inicial, acordó remitir las actuaciones al juzgado para la apertura de diligencias previas. El objetivo es profundizar en los hechos y determinar si las decisiones adoptadas por los responsables políticos se ajustaron a la legalidad.
La petición de la Fiscalía al juzgado incorpora un esquema de investigación detallado. Entre las diligencias solicitadas figura la toma de declaración de la alcaldesa y del concejal de Hacienda en calidad de investigados, así como la declaración de las personas denunciantes. Además, se requiere al Ayuntamiento de Bembibre la remisión de los expedientes administrativos relacionados con las facturas objeto de controversia, incluidas las notas de reparo emitidas por la Intervención y las resoluciones posteriores que permitieron el pago.
El Ministerio Fiscal plantea analizar si las advertencias formuladas por los órganos de control interno fueron atendidas o desoídas, si se corrigieron los defectos señalados, si se acudió a los procedimientos administrativos previstos para levantar los reparos y qué posibles perjuicios pudieron derivarse para la administración local o para terceros. El examen de la documentación será clave para determinar el alcance de las decisiones adoptadas y su encaje en el marco normativo.
En su escrito, la Fiscalía delimita tres líneas de actuación bajo investigación. La primera se centra en la posible omisión del procedimiento administrativo de contratación y del modo legal de pago. La segunda analiza un eventual fraccionamiento de contratos administrativos para eludir los controles establecidos. La tercera se refiere al incumplimiento de condiciones suspensivas vinculadas a los reparos formulados por la Intervención municipal.
Este caso se produce en un contexto en el que otros ayuntamientos de la provincia, como Boñar, en los que mantienen actuaciones administrativas relacionadas con el levantamiento de reparos y el pago de facturas. La diferencia radica en el momento procesal, ya que en Bembibre la investigación ha sido formalmente remitida al juzgado con diligencias concretas solicitadas, mientras que en otros municipios los procedimientos se encuentran en fases administrativas o de control previo.
La evolución de las diligencias judiciales determinará si los hechos investigados derivan en responsabilidades penales o si se archivan una vez completada la instrucción.
