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title: "Piden la paralización del proyecto de la fábrica de munición militar proyectada en Valderas"
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description: "El colectivo Ecologistas en Acción reclama el archivo del expediente y la suspensión de licencias para la planta de munición de artillería en Valderas al considerar que se tramita bajo normativa de explosivos civiles y no como material de guerra."
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date_published: "2026-07-22T08:12:00+02:00"
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# Piden la paralización del proyecto de la fábrica de munición militar proyectada en Valderas

![GRANADA DE MORTERO](/download/multimedia.miniatura.ae969034e7abfac1.bWluaWF0dXJhLndlYnA%3D.webp)

*GRANADA DE MORTERO*

La iniciativa promovida por la empresa Tecnesis 3000 S.L.U. contempla la instalación de una planta dedicada a la fabricación y carga de munición de artillería de gran calibre. Las instalaciones proyectadas prevén la producción de granadas de mortero y proyectiles de calibre 155 milímetros en diversos modelos, además del ensamblaje final para su distribución comercial. El plan técnico incluye una capacidad de almacenamiento de hasta 800 toneladas de material explosivo en una parcela arrendada por la corporación municipal.

El acuerdo de arrendamiento de los terrenos municipales se fijó en 74.000 euros anuales. La ubicación prevista para la nueva infraestructura se encuentra en una zona colindante con la planta ya operativa de Orica Explosivos Industriales S.A., en un entorno próximo a los núcleos poblacionales de Valderas, Villafer y Campazas. La tramitación actual se gestiona como evaluación de impacto ambiental simplificada mediante la regulación aplicable a explosivos de uso civil.

La oposición ecologista señala que el material de calibre igual o superior a 20 milímetros y las granadas de mortero están catalogados explícitamente como armas de guerra en el Reglamento de Armas. Bajo esta clasificación legal, la competencia administrativa corresponde al Ministerio de Defensa. La normativa exige la instrucción de un procedimiento regulado por la Dirección General de Armamento y Material, la supervisión directa de la Guardia Civil y la aprobación mediante disposiciones del Consejo de Ministros, previo trámite con las áreas ministeriales de Interior e Industria.

El colectivo ambientalista sostiene que el nivel de riesgo asociado a estas instalaciones desaconseja el avance de la tramitación autonómica y local. Junto a las objeciones sobre el procedimiento administrativo, la organización rechaza el impacto derivado de la producción de armamento bélico e insiste en la necesidad de frenar el proyecto antes de que obtenga las autorizaciones definitivas.

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