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title: "EPISODIO 5 - Boñar y los reparos: cuando el Pleno decide pagar, la decisión ya tiene nombres"
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description: "El Pleno de Boñar aprobó levantar reparos en la sesión extraordinaria urgente del 9 de diciembre con seis votos a favor y tres ausencias. La medida permite ordenar pagos pese a la advertencia técnica y sitúa el centro de gravedad en la esfera política, mientras el PP intenta fijar un relato de \"desconocimiento\" que vuelve a abrir una pregunta incómoda: qué control ejerció la oposición cuando tocaba."
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  - "AYTO. BOÑAR"
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# EPISODIO 5 - Boñar y los reparos: cuando el Pleno decide pagar, la decisión ya tiene nombres

![EPISODIO 5 TERCERA](/download/multimedia.normal.8b7b991b15d2e026.bm9ybWFsLndlYnA=.webp)

*BOÑAR EN LA SENDA DE LAS IRREGULARIDADES*

Un reparo no es un trámite para especialistas. Es una señal de alarma: el control interno advierte de que un pago no está correctamente tramitado, no está suficientemente justificado o **no encaja con las reglas que protegen el dinero público**. Por eso el levantamiento de reparos no es una rutina inocente. Es una decisión que rompe la barrera técnica y se convierte en una **orden política de pago**.

Cuando el Pleno levanta un reparo, la autorización deja de descansar en el criterio técnico y pasa al acuerdo político. Dicho de forma simple: se paga aun existiendo objeciones formales. Ese paso exige una contrapartida mínima: **explicaciones completas, por escrito, con documentos y fechas.**Sin esa transparencia, el acuerdo se convierte en un **cheque en blanco institucional.**

En el Pleno extraordinario urgente del 9 de diciembre, el levantamiento de reparos se aprobó por unanimidad de los presentes, con seis votos a favor. **Votaron afirmativamente** **Pepe Villa Sáez (alcalde, PSOE), Ceferino Gil Benito (PSOE), Andrés González González (PSOE), Pablo Tejerina Arias (PSOE), Nuria Gómez Arias (PP) y Mariana Fernández Morales (IU).** No asistieron, por tanto, **no votaron**, L**uis Alfonso Rodríguez Bravo (PP), Lorenzo Población Gutiérrez (PP) y Natalia Sánchez Muñiz (PP).**

Este matiz importa. La **responsabilidad directa del acuerdo concreto recae en quienes lo votan a favor**, porque respaldan formalmente la orden de pagar pese al reparo. **La ausencia** evita esa firma política en esa sesión, aunque **no elimina la responsabilidad política general de vigilancia**: la fiscalización municipal no empieza ni termina en un día de votación.

Conviene ser rigurosos: un voto favorable no implica automáticamente delito ni significa que alguien responda con su patrimonio personal de forma inmediata. Eso solo puede derivarse, en su caso, de actuaciones de control, investigaciones y resoluciones de órganos competentes que acrediten hechos, daño y responsabilidades concretas. **Lo que sí implica el voto es que ya no sirve esconderse tras un "eso lo llevaba Secretaría". El acuerdo es del Pleno y tiene nombres.**

En este contexto entra la nota de prensa del PP. Su argumentario se apoya en el **"yo no sabía nada"** y desplaza el foco hacia una supuesta sorpresa reciente. Pero ese relato, si se sostiene, **no exculpa políticamente: agrava la cuestión**. **Un grupo municipal no está para enterarse el último**, está para vigilar, pedir expedientes, exigir informes, reclamar comparecencias y dejar constancia escrita cuando detecta indicios de desorden o falta de control. Es lo básico. La responsabilidad de vigilancia **(la conocida como in vigilando) no es un adorno, es el núcleo del cargo**.

Por eso, el eje **no es qué dice el PP ahora, sino qué hizo antes.** Si el deterioro que se describe no es un episodio repentino sino un proceso sostenido, **resulta difícil encajar que la oposición careciera de señales**, de preguntas registradas, de solicitudes formales o de iniciativas para activar una investigación municipal. Y **hay un hecho que fija responsabilidades en el presente: en la votación del 9 de diciembre una concejala del PP estuvo presente y votó a favor del levantamiento de reparos.** Ese voto no prueba por sí mismo ilícito alguno, pero **obliga a explicar** qué información se manejaba, qué garantías se exigieron y por qué se apoyó el acuerdo sin que, hoy en día, se haya ofrecido un detalle público expediente por expediente.

**Si el PP afirma que la situación es grave, su obligación política no termina en un comunicado.** La coherencia exige actuaciones formales y verificables: requerir documentación completa, pedir informes, impulsar medidas de control y, si de los datos resultaran indicios consistentes de irregularidad con relevancia penal, **ponerlos en conocimiento de los órganos competentes.** En un ayuntamiento, **la fiscalización no se proclama. Se ejerce y se deja por escrito.**

La consecuencia práctica es inmediata. Si el Ayuntamiento no aporta la relación completa de expedientes y el motivo técnico de cada reparo, la ciudadanía solo verá pagos autorizados sin trazabilidad pública suficiente. En un municipio pequeño, donde los proveedores son vecinos y los servicios se prestan a pie de calle, ese déficit de información no es un debate teórico: **es un golpe directo a la confianza.**

El 27 de diciembre se celebra la**IV Gala Cesáreo González** en el Multiusos de Boñar. Probablemente no sea el marco para explicar cada expediente con detalle, pero **sí es un escenario razonable para algo mínimo y exigible: una declaración institucional formal, por escrito y con compromiso público, que asuma responsabilidades políticas, anuncie un plan de normalización con calendario y garantice que se informará expediente por expediente.** **La práctica municipal de limitarse a anuncios verbales tiene un efecto claro: lo dicho se lo lleva el aire, lo no registrado no deja huella. Y en materia de control del dinero público, la huella documental no es opcional.**

Mientras tanto, los proveedores siguen teniendo derechos claros. Si tienen facturas impagadas, pueden presentar por sede electrónica una **reclamación de pago e intereses de demora citando la Ley 3/2004,** adjuntando factura y justificantes, solicitando también la indemnización fija de 40 euros por costes de cobro, y pidiendo respuesta por escrito y calendario. Si no contestan, el silencio documentado pasa a formar parte del expediente y permite preparar la reclamación posterior por inactividad.

En el siguiente episodio, **el foco se estrecha: qué reparos se levantan exactamente, qué expedientes quedan señalados por falta de tramitación**y qué documentación aportará el Ayuntamiento para explicar, con papeles y fechas, cómo se ha llegado a este punto. **Si de ese material se desprenden indicios consistentes de irregularidad con relevancia jurídica, corresponde a los órganos competentes actuar con la diligencia exigible para proteger el interés público.**

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