Los jubilados agrarios abandonan el campo y dejan de compatibilizar pensión e ingresos agrarios.

El motivo principal tiene que ver con los requisitos para cobrar las ayudas de la nueva PAC, fundamentalmente el tener que demostrar cumplir con la figura de agricultor activo, cumplir con la definición de agricultor que asume el riesgo empresarial (y por lo tanto que compra input y vende cosecha), y cumplir con infinidad de requisitos de gestión de la explotación en materia de abonado, uso del agua y tratamientos fitosanitarios, que hay que reflejar en un cuaderno digital.

 Esa mayor burocracia está llevando a muchos agricultores que compatibilizaban la actividad con la prestación de la pensión de la Seguridad Social a dejar definitivamente su explotación, pasando en la mayoría de los casos a cobrar una renta por sus tierras y derechos. Esto hará, con seguridad, que en el año 2023 haya menos perceptores de ayudas PAC en Castilla y León, lo que no significa que se pierda actividad productiva, pues previsiblemente la actividad de las explotaciones que cierren va a ir a incrementar el tamaño de las que permanecen; además, las explotaciones de los más jóvenes y profesionales son más productivas y declaran cultivos más intensivos y de mayor valor añadido. Si bien, con la nueva PAC este mayor dimensionamiento es penalizado con una reducción de ayudas a través del pago redistributivo, que sí se cobra en esas pequeñas explotaciones de jubilados y no en las más dimensionadas de los profesionales (que las reciben).

 ASAJA considera positivos todos los pasos que se den para que las tierras y los derechos para percibir ayudas estén en manos de profesionales, y que se produzca un verdadero relevo generacional, dando oportunidades a quienes se quieren incorporar y a quienes necesitan aumentar el tamaño de sus tierras o su ganadería. En este sentido, ASAJA urge al consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, a que desarrolle la medida contemplada en el Plan Estratégico de la PAC para España, presentada por Castilla y León, consistente en promover la sucesión de explotaciones, y que está dotada con 10,5 millones de euros. Esta medida pretende incentivar con una subvención a los agricultores que llegan a la edad legal de jubilación para que dejen de forma efectiva de ser agricultores y ganaderos y transfieran la explotación a otro más joven, que sea profesional del sector.

 Por otra parte, ASAJA pide al Gobierno que incremente los importes de las pensiones mínimas, que son las que mayoritariamente cobran la mayoría de los jubilados del campo actuales y los que se van a jubilar en los próximos años. Sin unas pensiones más elevadas que permitan una vida más desahogada, es difícil que la gente del campo renuncie a seguir con la explotación una vez que alcanza la edad legal de jubilación.